
De Vicky, del Máster
CCCD y de
Qué hacen los diputados.
La Constitución de la República
de Islandia data de 1944, año en el que la isla del noroeste europeo se
independizó de Dinamarca. El país
heredó la Carta Magna danesa, que se reformó hasta cuatro veces, en 1984, 1991, 1995 y 1999.
Cuando la economía islandesa se hundió en 2008 por la
bancarrota de sus tres principales bancos,
los ciudadanos empezaron a reclamar cambios políticos. En ese momento
-y desde 2007- estaba gobernando una coalición formada por el Partido de
la Independencia, quien había ostentado el poder durante los 20 años
anteriores, y la Alianza Socialdemócrata.
Tras unas duras protestas ciudadanas en enero de 2009, el
Gobierno dimitió y
convocó elecciones anticipadas. De esos comicios, celebrados en mayo,
surgió un nuevo Ejecutivo formado por la Alianza Socialdemócrata y el
Movimiento de Izquierda-Verde.
Según ha explicado el
periodista de News of Iceland Einar Árnason, el nuevo Gobierno llegó a
un país en ruinas dejadas por el anterior ejecutivo. La economía era un
desastre, los grandes bancos islandeses estaban corruptos e incluso el
propio Estado estaba perjudicado, describe.
Propuesta para reformar la Constitución
Se convocó una Asamblea
Nacional con 950 personas seleccionadas aleatoriamente del registro
nacional, de la que surgieron 522 candidatos, y surgieron 522
candidatos. Tras celebrar unas
elecciones al Consejo Constitucional, se eligieron 25 delegados de diferentes edades, profesiones, educación y experiencia de vida.
Según apunta la
investigación de
la estudiante de Periodismo Internacional de la Universidad de Cardiff,
Giulia Dessi, la población con derecho a voto que participó en estas
elecciones (el 35%), era más partidaria de los partidos progresistas y
“eligieron a aquellos ciudadanos que tenían puntos de vista políticos o
ideológicos parecidos”, es decir, de tendencia más a la izquierda, según
apunta Dessi.
Sin embargo, el Tribunal
Supremo de Islandia invalidó el proceso por supuestos defectos de forma
que denunciaron diversos ciudadanos. La Cámara baja creó un Consejo
Constitucional a instancias de una resolución parlamentaria con el apoyo
de la mayoría parlamentaria socialdemócrata y los 25 delegados surgidos
de las elecciones previas pudieron entonces iniciar el proceso.
Así se elaboró la Constitución
A lo largo de cuatro meses, los
25 candidatos se reunieron tres veces por semana para discutir los
temas a revisar y/o enmendar de la constitución e ir volcando
recomendaciones en un borrador.
Durante todo el proceso la
ciudadanía pudo opinar sobre el proceso en la web, y en las redes
sociales. Se recopilaron 3.600 comentarios y 370 sugerencias. También
hubo encuentros públicos, debates en los medios de comunicación y
participantes externos al Consejo ayudaron a elaborar artículos que se
fueron incorporando.
Según explicó a
Democracyoneday el
jefe de la Oficina Tecnológica del Consejo Constitucional, Finnur
Magnusson, “al menos 4 de 100 artículos en el borrador constitucional
estuvieron influidos por las conversaciones online, como en datos
abiertos e infancia” y unos 12 o 13 miembros del Consejo fueron muy
activos en los hilos de discusión online.
Las propuestas de la Carta Magna ciudadana
El texto de la constitución
ciudadana propone mejorar la división de poderes -legislativo, ejecutivo
y judicial-; que un 10% del electorado pueda solicitar un referéndum y
que un 2% pueda presentar una iniciativa legislativa al Parlamento; el
derecho a vivir con dignidad; protección a la infancia; mayor
transparencia e información por parte del Gobierno, que todo el mundo
sea libre de reunir y distribuir la información y mayor libertad de
prensa.
El Consejo propuso que los
recursos naturales del país no puedan estar bajo propiedad privada, sino
que pertenezcan a la ciudadanía islandesa.
Asimismo, propusieron la
revisión del sistema electoral: que los votos valgan lo mismo en todo el
país, que haya listas abiertas y limitar el gobierno del presidente a
tres legislaturas y del primer ministro -que tendría que ser elegido por
el Parlamento- a ocho años.
Oposición a la nueva constitución
El Partido de la Independencia,
el mayoritario de la oposición, siempre estuvo en contra de este nuevo
texto. Lo explica el diputado Birgir Armannsson: “Estábamos en contra de
este proceso tal y como lo puso en marcha el gobierno. Bajo mi punto de
vista no había necesidad de reescribir la Constitución de arriba a
abajo como ha hecho el Consejo Constitucional”.
Aunque afirman que se podrían
“reconsiderar algunos de los artículos”, están en contra,
principalmente, de los artículos relativos a los derechos humanos, la
separación de poderes, los recursos naturales y los referéndums.
Movimiento del Gobierno a última hora
Entre octubre y finales de 2012
el Gobierno dio un último paso respecto al borrador del texto
constitucional, con la premisa de la primera ministra, Johánna
Sigurdardóttir, de intentar aprobar la nueva constitución antes de las
elecciones del 27 de abril de 2013, según ha indicado el periodista
Einar.
El Ejecutivo pidió la opinión
de la Comisión de Venecia -o Comisión Europea para la Democracia a
través de la ley-, quien hizo una visita oficial a Reikiavik en la que
entrevistó a las distintas partes. Examinó la documentación en inglés y
publicó un borrador de su
análisis técnico-legal de la Constitución islandesa, que apunta defectos de forma y choques de algunos artículos con otras leyes.
El periodo parlamentario
legislativo ya ha finalizado y el texto constitucional no se ha sometido
a votación parlamentaria, aunque en las dos últimas semanas de
legislatura los diputados de los partidos del Gobierno estuvieron
trabajando durante jornadas maratonianas para adaptar el borrador a las
recomendaciones recibidas.
La diputada de la Alianza Socialdemócrata implicada en la nueva Carta Magna,
Valgerdur Bjarnadóttir,
señaló que “si el Parlamento tiene voluntad, está a tiempo”, ya que, a
su juicio, solo había que hacer “pequeños cambios en esencia”.
Un año y medio de retraso de la nueva Constitución
El economista Thorvaldur
Gylfason, uno de los miembros más destacados del Consejo Constitucional
ciudadano, reprocha al Parlamento el retraso de 20 meses en preparar el
texto elaborado por los 25 miembros para que fuera votado en la cámara.
“A algunos diputados no les
gustan ciertos aspectos de la nueva Constitución, como el artículo sobre
recursos naturales, pero si no se aprueba será un ataque frontal a la
democracia islandesa”, sentencia y añade que el Parlamento “ha tenido
tiempo para acabar la revisión del texto” que fue aprobado por
unanimidad de los miembros del Consejo y por la población islandesa en
referéndum.
Para Thorvaldur algunos
artículos irrenunciables del nuevo texto son el cambio del régimen
electoral y el artículo sobre la propiedad de los recursos naturales.
Por un lado, reclaman que los votos valgan lo mismo en toda la isla y no
haya unos distritos que tengan más peso electoral que otros. Por otro
lado, incluían que los recursos naturales sean propiedad de la nación.
Después de conocer de forma
definitiva que el texto no se iba a aprobar Thorvaldur, quien se
presenta a las elecciones como cabeza del partido Alerta democrática,
publicó un
artículo en
el que argumenta cómo el Parlamento ha dificultado a lo largo de todo
el proceso el avance del borrador constitucional y en el que califica de
“cruel traición”el no haber aprobado el texto después de haber mostrado
tanto apoyo en público.
En el último momento, el
Parlamento sorprendió con una nueva medida: requerir dos tercios de la
cámara además de un 40% del voto popular para aprobar “cualquier cambio
en la constitución” en el siguiente periodo legislativo (sería necesario
que un 80% de personas con derecho a voto acudieran a una votación para
que se aceptara un futuro cambio constitucional).
Ante esta actual situación,
Thorvaldur anunció que la ciudadanía “volverá a la plaza como han
pretendido los enemigos de la nueva Constitución” y ha afirmado que
tienen pocas esperanzas de que el nuevo Parlamento lleve adelante el
proyecto constitucional.
El matemático y miembro del
Consejo, Pawel Bartoszek, quien declara tener una tendencia conservadora
y haber diferido en opiniones del resto de miembros, coincide con
Thorvaldur en que cuatro meses no fueron suficientes para redactar el
texto. Sin embargo, afirma ser escéptico con este proceso que implicó a
ciudadanos/as de diversa procedencia y experiencia.
“Estábamos designados por el
Parlamento y muchos de nosotros teníamos un pasado político. Soy
objetivo respecto a este cuento de hadas”, revela Bartoszek y lamenta
que “muchos” en el Consejo no tuvieran “experiencia con la política” y
que quisieran reescribir la Constitución de arriba a abajo”.
Así, considera que sí se
tendrían que revisar algunos artículos del borrador “especialmente al
rol del presidente” y escuchar a los expertos europeos. “Nunca fui un
gran defensor de que la gente redactara la Constitución”, señala,
rotundo.
Tampoco está de acuerdo con
haber sometido el texto a referéndum en octubre de 2012: “Creo que fue
una mala idea, las propuestas no estaban listas. La pregunta tendría que
haber sido: ‘¿Quieres que estas propuestas se usen para redactar una
nueva Constitución?”. Además, critica que la Cámara no haya hecho “nada”
durante año y medio y haya querido adaptar el texto en las dos últimas
semanas de legislatura. “Se tendrá que hacer después”, determina
Bartoszek.
Por su parte, el miembro del
Partido Pirata de Islandia, Smári McCarthy, quien colaboró en la
redacción de los artículos sobre acceso a la información, se muestra
crítico con el Parlamento: “Han tardado más de un año en trabajar la
propuesta, con lo que muestra lo incompetentes que son (…). Espero que
la nueva Constitución se conserve como está”, sentencia.
Sobre las críticas a los
retrasos, Valgerdur se muestra en desacuerdo y argumenta. “Ha sido
imposible hacerlo a otra velocidad. Creo en el proceso y el Gobierno lo
ha apoyado seriamente. Si la izquierda gana las elecciones, el trabajo
continuará en la próxima legislatura, pero si el Partido de la
Independencia gana, probablemente abandonará el proyecto”.
El futuro de la Constitución islandesa
Según el último
sondeo de Market and Media Research (empresa
islandesa de investigación de mercado), los partidos conservadores
Partido de la Independencia y el Partido Progresista tendrían el 27,2% y
el 25,9% del apoyo electoral, mientras que los partidos que actualmente
gobiernan, la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda
Verde solo alcanzarían el 12,4% y el 9,6%, respectivamente -es necesario
llegar al 5% para obtener escaño-.
El Partido de la Independencia,
en contra de la reforma de la Constitución desde un primer momento, no
tiene intención de continuar adelante con el proceso, como adelantó
Birgir.
Únicamente afirmó estar
dispuesto a considerar cambios “ solo donde sea necesario y donde haya
una posibilidad de llegar a amplios consensos”. Son cuatro puntos en
concreto: referéndums, propiedad de recursos naturales, transferencia de
poderes a organizaciones internacionales y el capítulo sobre el
presidente.
Respecto a la posibilidad que
recoge la nueva Constitución de que un 10% del electorado pueda
solicitar un referéndum, Birgir propone aumentar ese porcentaje a un 15 o
un 20%.
De la figura del presidente
considera que el actual mandatario, Ólafur Ragnar Grímsson, “ha estado
expandiendo su poder”. Afirma que los presidentes islandeses
tradicionalmente han tenido funciones ceremoniales, pero Ólafur Ragnar,
después de convocar varios referéndums -función que puede desempeñar-,
“es un presidente más político que cualquiera de sus predecesores”, a
juicio de Birgir y sugiere dejar “muy claro” su papel en una posible
reforma de la Constitución.
Una oportunidad perdida de integrar a la ciudadanía en el proceso legislativo
La reforma de la Constitución
islandesa surgió de la voluntad de la esfera pública central -la
coalición verde-socialdemócrata en el Gobierno- después de las
exigencias de cambio en manifestaciones diversas por parte de la
ciudadanía.
Desde un principio fue un
proceso guiado por el Gobierno en el que se incluyó la participación
directa de la población: libre presentación de candidaturas para formar
parte de la Comisión Constitucional, elecciones para la Comisión, el
propio trabajo de los 25 miembros elegidos y para acabar, un referéndum
vinculante.
A pesar de la apertura a la
participación del proceso, el borrador que surgió de las aportaciones y
la voluntad popular ha permanecido paralizado hasta el punto de no
tramitarse en el Parlamento por razones desconocidas. Posiblemente se dé
un cambio de gobierno en Islandia en el que surgirá una mayoría
conservadora que se opone a la reforma de la Carta Magna.
El proceso mismo podría
considerarse un éxito: 25 personas y colaboradores externos de
diferentes procedencias sociales y profesionales que redactan la base de
la democracia que quieren y que se aprueba en una consulta pública.
La voluntad popular está
aceptada y considerada necesaria por los partidarios del proceso. Sin
embargo, para sus detractores ha resultado una reforma excesiva y
repleta de defectos de forma.
Sin la intervención gubernamental el
proceso de reforma constitucional no hubiera llegado tan lejos. Pero
precisamente, ha sido ese mismo actor el responsable de que no prospere
la Constitución ciudadana islandesa que, por cierto, no llegó a votarse
en el periodo legislativo recientemente finalizado.