16 de julio de 2011

15M: Sin miedo y sin medios (y IV)

Fin del aguijonazo a los medios por el 15M.
Continuación obvia de I, de II y de III.
También disponible enterito en Frontera D (la revista de A. Armada, un gran periodista y un mejor tipo)
Con esto yo me despido por diez días, mínimo. O descanso o reviento.
Que le den a la colmena lo que le deben el atajo de zánganos responsables de que mi aguijón escueza de tanto usarlo. John Fat, Edi, JLV, D., Tinita, Amal... me las piro.

VIII. La pantalla de la violencia.

La semana que transcurrió desde el desalojo de la Plaça de Catalunya a los incidentes en el Parlament demostró hasta qué punto la profesión ha hecho dejación, es incapaz o se le impide aplicar un protocolo mínimo que garantice la veracidad de sus noticias. Aún más grave, se desatendieron los principios que blindan el derecho a la información y a la libertad de expresión de la sociedad civil. Todos los medios convencionales incurrieron en errores, al margen de sus sesgos políticos. Y no afirmo esto deseando – sino más bien, temiendo - que en algún momento los periodistas quieran transformarse en altavoces propagandistas del 15M. Ningún beneficio social ni profesional se derivaría de ello.

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Del modo más escueto del que soy capaz, me permito indicar en qué medida se ha incumplido los mínimos profesionales y cuánto se han degradado los principios de una coexistencia democrática entre la legalidad y la protesta. Ha sido Youtube, es decir, la cibermultitud con capacitación tecnológica y sus redes descentralizadas de (contra)información, quienes registraron y difundieron hechos clave para entender los incidentes ante al Parlamento catalán el 15 de junio. Sólo en internet pudimos observar: (a) que los acontecimientos violentos los iniciaron o, al menos, también los provocaron policías secretos; (b) que sólo se permitió el acceso a determinados periodistas, como si fuesen los reporteros empotrados de una guerra; y (c) que algunas imputaciones de la violencia ejercida contra los parlamentarios eran falsas. El ejemplo más notable es que nunca se zarandeó ni privó del perro lazarillo a un diputado de Convergencia. Como tampoco se informó de los esfuerzos realizados por los manifestantes para calmar o aislar a sus compañeros más exaltados.

Los hechos desmienten la versión oficial que abrazaron los medios: “El 15 M se hace violento” con interrogantes los más benévolos y como afirmación los más beligerantes. Los testimonios audiovisuales antes descritos y que circulaban por la Red apenas fueron recogidos por los medios convencionales. Sufrieron intentos de censura cuando comenzaron a ser vistos y comentados por los internautas. Se trataba de criminalizar la protesta cuando llegaba a las puertas de las instituciones. Quizás no ocurrió de forma intencional. Y no hubo otra intención más que subir la audiencia aumentando el dramatismo de las crónicas. Pero el tema rey durante una semana fue la violencia y ese discurso intimidatorio se mantuvo hasta las marchas del 19 de junio.

Sin otra ideología que la inyectada por las rutinas de trabajo hábilmente manejadas por las fuentes oficiales, estas lograron blindarse de la presión popular. Intentaron de forma manifiesta destruir la imagen cívica y pacífica del 15M. Éste intentaba, ante todo publicitar y denunciar la adopción de una serie de medidas que considera contrarias a los intereses populares. Puede debatirse si las intenciones y esa interpretación eran correctas. Pero lógica democrática no avala que las decisiones parlamentarias sean tomadas casi a escondidas, sin el conocimiento público y sin posibilidad de que los descontentos manifestasen su oposición. Impedir que ello ocurra era y es responsabilidad de los medios.

No se propugna aquí publicar columnas o manifiestos de adhesión a favor o en contra del 15M. Ya está bien de que el periodismo español cargue con la cruz (o se imponga la medalla) de salvar la democracia cada dos por tres. Todo resulta más modesto y no por ello menos heroico: la democracia se consolida o se menoscaba día a día, titular a titular. Y si tuviésemos claros los parámetros mínimos que salvaguardan una democracia en tiempos convulsos como los que vivimos; resultaría evidente lo que falta y lo que sobra. En pocas palabras: más información sobre el conflicto de intereses en liza y menos espectáculo violento. Más datos y menos escenificaciones.

Me voy despidiendo con tres argumentos que debieron haber guiado la cobertura de una protesta que había sido precedida por uno de los desalojos más violentos jamás vistos en un espacio público. Podrían también considerarse válidas para abordar desde la autonomía profesional las protestas venideras. No se inspiran en la ideología de un periodismo de combate, ni siquiera posicionado contra la violencia, ya sea estatal o subversiva. Son, en cambio, los mimbres elementales de la información que fomenta una convivencia democrática. Le proponemos a los periodistas que, al menos, los sopesen. Debieran, a no ser que se hayan resignado a actuar de nuevo como una plataforma de intimidación de las protestas ciudadanas. O que asuma que volverá a sentar en el banquillo de los acusados a los más damnificados por la violencia económica y policial.

(a) En circunstancias como las descritas, los responsables del orden público deben garantizar dos derechos por igual: el de los parlamentarios a acudir a una votación y el de la ciudadanía a expresarse en su contra. Ninguno debe situarse por encima del otro. Hay quien avala el reduccionismo exclusivista de la democracia a su fórmula parlamentaria. Y quien pediría de la prensa la exaltación perenne de una ciudadanía insurgente. No es nuestro caso. Sólo decimos que impuestos pagamos todos y, por tanto, el derecho a ver defendido nuestro derecho a la protesta es idéntico al de los cargos públicos a desempeñar sus funciones. Sin embargo, los acontecimientos desmienten que el conseller de Interior, el señor Felip Puig, hubiese cumplido estos deberes. Su dispositivo de protección de los parlamentarios probó ser insuficiente o estar diseñado para otros fines. Y aunque persiguiese el objetivo más espúreo de quien guarda el orden público, como criminalizar a la ciudadanía, la actuación policial resultó no ya ineficaz sino contraproducente. Las provocaciones y la represión de los manifestantes resultaron excesivas e inoperantes. Fueron denunciadas casi en tiempo real en la Red. Y tuvieron un efecto de refuerzo, como ha venido ocurriendo desde que el primer desalojo de la Puerta del Sol desató las acampadas, primero, y la #spanishrevolution, después.

(b) Los periodistas debieran asumir que no se condena la violencia ciudadana sin antes condenar, al menos con la misma intensidad, a quienes la ejercen uniformados. Estos aún permanecen impunes. No han sido identificados los antidisturbios que una semana antes habían apaleado a los acampados de Plaça de Catalunya. Entonces, por cierto, se permitió grabarles sin restricciones. Y así se elevó hasta cotas nunca vistas el umbral de fuerza aplicable al 15M. Permitió construir una tensión narrativa en torno a los “perroflautas” apaleados que acabarían retratados como jauría antisistema. Es ya un clásico desde que el expresidente Aznar calificase al movimiento Nunca Máis “como perros que ladran su rencor por las esquinas”. Sin embargo, la prensa no exigió el número de placa de los mossos antidisturbios o de los agentes secretos que se infiltraron entre los manifestantes. Como tampoco ha recabado datos de las denuncias de maltrato y abusos policiales sufridos por activistas del 15M. El procedimiento no sería más costoso que la rutinaria ronda de llamadas a comisarías y hospitales con las que, sin embargo, se informa puntualmente sobre otras formas de violencia, como la de género. Queda claro que la corrección política del periodismo español no abarca todavía la condena sistemática de la violencia policial. Tan claro, como oscuro se presenta el panorama cuando las acciones del 15M aborden las situaciones más conflictivas que están por venir.

(c) Por último, aún reconociendo lo atractiva que resulta la violencia insurgente (y la oficial, si se abordase) en términos mediáticos, un mínimo de profesionalidad obliga a dejar espacio para informar sobre las decisiones políticas que estaban en disputa. En este punto sólo hay interrogantes, me temo que todavía sin plantear por la prensa ¿Alguien conoce la Ley Omnibus que se votaba aquel día? ¿Sabe las sesenta disposiciones sobre derechos sociales y civiles, que se derogaron con una sola votación? ¿Saber que se trata de un procedimiento muy cuestionado en términos jurídicos y constitucionales? La violencia acabó convertida en la pantalla de sus motivaciones, que permanecen invisibilizadas .

No les pedimos a los periodistas que nos apoyen, sino que nos apliquen su código profesional. No lo hicieron cuando generaron o dieron pábulo a las sucesivas etiquetas que nos han ido asignando. Al principio el 15M era una quintacolumna movimientista que teledirigía A. Pérez Rubalcaba contra el PP. Luego se trataba de unos infiltrados partidarios que hacían proselitismo de acampada. Más tarde se convirtieron en abstencionistas extraparlamentarios que despreciaban las urnas. Pero cuando se constató que las elecciones no detenían el 15M sino que, una vez pasadas, el movimiento cobraba calado y extensión, comenzaron las adhesiones simbólicas. Estaban teñidas de falsas añoranza e invocaban el recuerdo de juventudes revolucionarias inexistentes. Rezumaban el paternalismo condescendiente que se aplica a los fenómenos pasajeros, tipo sarpullido juvenil. Y, claro está, les movía la búsqueda indisimulada de réditos simbólicos. Como si de comités de sabios se tratase pronto se exigió a las asambleas que formulasen alternativas a unas políticas que durante décadas se vienen presentando como las únicas factibles. Se les demandó también un programa electoral, tras una campaña dominada por el pensamiento único en el ámbito económico. Coincidiendo con el curso escolar, se le examinaba al 15M, sin reconocer la enorme pedagogía política que despliega. Y cuando las acampadas se prolongaron demasiado, porque ensuciaban las plazas y entorpecían el comercio, llegó el higienismo con sus “limpiezas” y desalojos. Como si la democracia viral del 15M fuese una epidemia, los problemas sanitarios de las acampadas antecedían a los de orden público. De modo que cuando, por fin, la protesta llamó a la puerta de las instituciones (tomas de posesión de los nuevos cargos, bloqueo y sentadas ante las sedes parlamentarias…) fue catalogada de violenta y antisistema.

En muy corto tiempo hemos recorrido un largo camino, y eso que esto no ha hecho más que empezar. Ojalá los medios acepten medirnos con la misma vara que a las instituciones. Les pedimos, una vez más, que nos reconozcan como actores políticos e informativos de pleno derecho. Les pedimos que nos apliquen, como fuentes y materia de sus noticias, el mismo protocolo profesional que a los cargos públicos. Es el único modo de que se doten de independencia y de que la sociedad civil mantenga la autonomía necesaria para autodeterminarse, que es de lo que se trata en una democracia real. Si hubiesen procedido así, lo que hace tiempo fue un slogan de campaña se habría transformado en el titular de todos los medios tras las marchas del 19 de junio: “Vamos a más”. Porque nunca fuimos tantos en la calles, ni llegamos tan lejos en nuestras demandas. Sólo hacía falta contarnos y dejárnoslo contar. Gracias por haberme aguantado y que prosiga el debate.

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