10 de octubre de 2011

15M y periodistas: un pacto para la ruptura y la autonomía

Nueva versión de un texto previo.
Creo que ha quedado mejor, quitando el ego de en medio (o eso intenté).
Más pesimista, pero también más contundente. Saldrá en galego antes del 20-N.


Aperitivo (para el vermut del 21-N)
El siguiente paso no deparará sorpresas. Consistirá en apelar a la Big Society: la sociedad civil llamada a suplir con voluntariado las carencias de los servicios públicos, incluso de la policía. Sepan que los conservadores británicos convocaron a través de las TIC a sus votantes para empuñar las escobas frente a los saqueos de este verano. Con el peligro, claro está, de reconducir unos disturbios en enfrentamiento civil. Lean la delación y la llamada a la represión de los desobedientes civiles del 15M realizadas por la prensa ultraconservadora; legisladas ya por algún ayuntamiento cogobernado por el PP y el PSOE. Son los aledaños de la berlusconización que se avecina.


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15-M y periodistas.

Un pacto para la ruptura y la autonomía.



Víctor Sampedro Blanco es catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Puede consultarse su obra online. Participa en el blog colectivo ProPolis y, entre otras iniciativas sociales, en el CSA La Tabacalera de Lavapiés.


Quisiera abordar, desde los principios de una esfera pública democrática, dos procesos de (r)evolución y (des)información al hilo del 15-M. Este movimiento busca una transformación profunda de la cultura y las instituciones políticas, pero no encuentra reflejo mediático. Para afirmarlo parto de mi experiencia[1], incorporo debates de nuestro blog y apelo a nuestros estudios académicos, incluyendo el más reciente. Bitácora de un viaje compartido, aún en marcha. Sólo pretendo no perder la brújula en la incertidumbre del camino y de su final; si lo tiene. No hay hoja de ruta. El 15-M abre caminos mientras los transita. Sin miedo.Y sin medios. Tiene los suyos propios y propone un nuevo pacto con los periodistas.

I. Espacio público liberado en una democracia partidaria y demediada

La principal aportación del 15M a la cultura política reside en haber abierto un espacio público libre e incontrolado. Sin formato preestablecido genera en asambleas un discurso emancipador. Son procesos de gestación y expresión política colectivas, publicitadas en tiempo real. Se auto-representan quienes no delegan su voz en los portavoces profesionales, políticos y periodistas. Individuos y colectivos se autoconvocan con las TIC, se suman y encarnan multitudes sin perder su identidad. Crean un espacio público merecedor de tal adjetivo. Porque integra lo personal y lo social. Porque lo imprevisto no sólo resulta posible: se espera y celebra con júbilo.

El 15M, al hacerse presente, interpela a las instituciones cuestionando su representatividad. Señala un déficit democrático, porque los mercados – aquí, del voto y de la información – se han arrogado la soberanía política y comunicativa. La bunkerización de las políticas neoliberales hostiles al cuerpo social se ha visto acompañada de la colonización mediática por la lógica mercantil y especulativa. Esta situación se agrava en España por los vínculos entre  los grandes partidos y grupos mediáticos que se fraguaron en la Transición. Y de la que, hasta hace poco, se presentaban como artífices. El 15M cuestiona un mapa de juego que establece la primacía representativa de lo institucional; cuando no su monopolio, tras marginar y desactivar la iniciativa ciudadana.

Pero la ciudadanía se ha dotado de artefactos políticos y medios de expresión, que son propios y autogestionados: asambleas y redes telemáticas descentralizadas. Su autonomía y horizontalidad son criticadas por los medios, a pesar de los matices, con una defensa corporativa. Consideran (y no sin razón) al 15M como una amenaza. Esto les impide abrirse al movimiento con protocolos profesionales y vías participativas que resultan imprescindibles en la nueva esfera pública que se está fraguando.

II. (Des)cubriendo Sol, (des)tapando la segunda transición

El 15M ha puesto entre paréntesis, ha creado el espacio para cuestionar y repensar el acceso al ágora: de Internet a la plaza, pasando por los ayuntamientos, los parlamentos y los medios. ¿Quién construye la democracia?, interpela. Y responde con un "Nosotras" inclusivo en su forma femenina y transversal, en su gestación y manifestaciones. Las inercias mediáticas, sin embargo, imponen el mismo patrón de cobertura que constatamos desde hace más de dos décadas[2]. Los medios muestran clara preferencia por ciertas fuentes oficiales que les marcan la agenda. Pocos periodistas fiscalizan o innovan las agendas partidarias, menos aún el debate social. Las voces publicitadas dependen del pago de favores gubernamentales a los grupos mediáticos afines. Y quien, como el 15M, denuncia como ficticia la diferencia entre Gobierno y Oposición es visto con sospecha u hostilidad. Lo social se cubre (se desinforma de él) o se encubre (se tapa) para que tome sentido partidario. Se informa de las protestas si sirven para el apoyo o el acoso gubernamental. Si no, se estigmatizan como antisistema.

En apenas unos meses el 15M ha redefinido la disidencia permisible y la hegemonía, lo disputable y lo consensuado. Impugna la Transición por no haber acometido una regeneración e instalar una democracia de baja intensidad, necesitada ahora de “(r)evolución”. El paréntesis, otra vez, está preñado de potencial semántico. Las reformas exigidas conllevan cambios estructurales. La revolución cívica reclama la evolución política y mediática de manera radical, hasta las raíces. Se parte de lo que hay para reformarlo a fondo, con bases nuevas. En vez de amenazar la democracia, se asegura su viabilidad, impulsando una actualización urgente. Pero los medios (subsidiarios de la pugna electoral) no parecen entenderlo. Permanecen presos de un sistema político-periodístico muy trabado. Sus interdependencias les hacen autistas ante el cambio.

Soportamos un mercado mediático intervenido y clientelar. Poblado de empresas informativas deficitarias, que ahora más que nunca resultan insostenibles sin el apoyo de gobiernos afines. De hecho, desempeñan tareas propias de la prensa de partido: son propagandistas más o menos explícitos de aquellos con opción a gobernar. A pesar de y frente a este entramado, surgió el 15M. Impugna el bipartidismo de facto entre PP y PSOE que los medios transforman en falsa bipolarización antagonista.

La prensa oficial de partido es endogámica y anémica. Habla para convencidos y estos son muy pocos. No llega ni a los simpatizantes. Inútil para la influencia pública, se instrumentalizan partidariamente los medios privados. Las cadenas públicas de radio y televisión, estatales y autonómicas, son antes “gubernamentales” que “públicas”. En consecuencia, la oposición extrema sus posiciones. Con sus aliados mediáticos cubre y tapa, se arroga, criminaliza o invisibiliza la crítica social. Es lo propio de una defensa gremial de la clase política y periodística. Términos cuestionables, pero que se manifiestan en los estigmas que imponen.

III. Estigmas antisistema

La comunicación se concibe como un negocio a medias con los políticos. Las “carteras de publicidad” y los favores legales se renuevan o retiran después de las elecciones. Publicitaria o ministerial, lo que importa es la cartera: la cuenta de resultados, los favores legales multimedia, la capacidad de compra y la orientación del voto de las audiencias. El neoliberalismo ha mutado la libertad de expresión en libertad de empresa y a los bancos en partidos. De ahí que los medios se erijan en fines en sí mismos. Informar consiste en acaparar audiencias, cuya atención se vende y utiliza como moneda de cambio electoral o ingresos publicitarios.

Presos de este esquema, los políticos y los periodistas esgrimen sus respectivas papeletas y cuotas de audiencia como avales de legitimidad frente al 15-M. El método asambleario (además de lento e ineficaz) se denuncia como totalitario, populista y, en definitiva, antidemocrático. Estigmas antisistema. Marcas de la disidencia, más o menos visibles, que imponen las cabeceras de la izquierda y la derecha oficiales. Acusaciones sin fundamento y contradictorias.

Afirman del 15-M que está formado por gentes totalitarias, que se arrogan la voz de los gobernados. Pero al mismo tiempo les reprochan que carecen de un discurso único. Lo tachan también de populista; como si sus líderes suplantasen al Pueblo, una vez identificados con él. Pero, contradictoriamente, le exigen portavoces oficiales. Estas incoherencias muestran incomprensión y lo incómodo que resulta a los representantes profesionales dialogar, en vez de publicitarse. Sobre todo, con portavocías sin formato previo y no personalizadas. Les molesta el carácter colectivo, incluyente y plural del 15-M. Porque estos tres adjetivos son contrarios a los que definen el discurso político oficial en los medios: particularista y antagonista, pero en el fondo homogéneo. En suma, tierra baldía para el cambio social.

IV. Representantes y (auto)representados 

El 15-M no niega la legitimidad del parlamentarismo o de las empresas y los profesionales de la comunicación. Ninguna asamblea se ha declarado insumisa a las leyes de los gobiernos salidos de las elecciones. Tampoco ha exigido nacionalizar los medios privados que las administraciones subvencionan. Son otros quienes incurren en el totalitarismo al absolutizar los votos y las audiencias como únicas expresiones válidas de la opinión pública. Niegan los sesgos de los datos electorales y del mercado informativo. Con demagogia populista disfrazan los intereses partidarios y corporativos como generales. Son intentos ilegítimos de los profesionales de la libertad de expresión (los que cobran por ejercerla) para monopolizarla en exclusiva y, por tanto, cercenarla. Desdibujan y, en última instancia, borran a la ciudadanía como agente autónomo de la democracia. Frente a quien se cree propietario del debate público, el 15M afirma que la ciudadanía no es una mercancía, tampoco mediática.

Nadie pretende eliminar las urnas ni los mercados, sino ponerles cara; “rostro humano”, como se decía antes. Los indignados prosiguen el debate colectivo tras sopesar su voto y ver la tele. Pero no se resignan a la invisibilidad de la abstención, ni a la apatía y al cinismo político de las pantallas televisivas. Denuncian los vetos existentes y la demanda no atendida por la oferta electoral y mediática. El 15M abandona el lugar y papel impuestos. Toma y abre las calles y las plazas, los escaños y las pantallas. Completa la opinión pública agregada (que se puede contabilizar) con la discursiva (lo que se debate antes y después). Además, da el paso de la reacción a la acción; de las audiencias y votantes pasivos a los públicos ciudadanos. Estos no acatan órdenes sin exigir razones. Responden. Si delegaron su voz es para disputarla con lealtad, haciendo merecedores de ella a quien la expresan.

El 15-M es fruto de la autogestión de las asambleas físicas y los medios telemáticos: los modos de autorepresentación de la sociedad civil más crítica y activa en Túnez, España, Egipto, Siria… Israel. No acumula capital alguno, siquiera simbólico, pues recela de los protagonismos individuales. Hace política e información autofinanciada y sostenible, a costa del ocio y los cuidados personales. En lugar de privatizar con copyright su discurso, lo difunde gratis. Libera, en fin, las demandas sociales de las censuras impuestas por una concepción patrimonialista y lucrativa del debate público. Interpela a quien cree “tener” cargos tras “tomar posesión”; o “acumular” audiencias, después de contarlas. Porque el 15-M no se privatiza, comercializa ni subvenciona. Es puro procomún: de todos, porque todas han podido generarlo.

V. Superar el antagonismo

Ciudadanos y periodistas se necesitan más que nunca. Están en crisis. Votando a las siglas que (co)gobiernan España no podemos impedir el recorte de derechos sociales. Pero a medida que perdía influencia política, la gente de a pie ha ido ganando poder comunicativo y modificando el negocio mediático. La insuficiente renovación de audiencias manifiesta una demanda insatisfecha o una oferta que no atrae nuestro interés (la atención) y menos aún representa el interés público (el bien común). Los medios corporativos no atienden las necesidades expresivas ni cognitivas de la ciudadanía. No nos representan, porque no nos ayudan a pensarnos como actor político de pleno derecho.

Pero estamos condenados a entendernos. Es cuestión de supervivencia mutua. Si tras el recuento electoral, los votantes no cobran presencia mediática más allá de Internet y los indignados no logran presencia efectiva en los medios profesionales estarán ausentes de la toma de decisiones. Por su parte, los medios que se quieran seguir llamando informativos y arrogarse cierta representación (e influencia) social sólo tienen dos opciones. O acogen a la ciudadanía como público activo, con igual trato que a los políticos profesionales, o desaparecen. Ya conocen la alternativa: coronar más Belenes Esteban. Erigir bufones, degradar el espectáculo político y su rol de comparsas.

VI. Crisis de viabilidad

La económica de los medios se imputa a las nuevas tecnologías. Cualquiera, dicen, puede hacer periodismo, convirtiendo su herramienta de comunicación personal —el móvil, el ordenador o la tableta— en un medio de masas. No cabe quejarse, sino constatarlo como una realidad. Y reconocer que la solución no reside en aplicar con  inercia perezosa las rutinas laborales que han perdido sentido (p.e. conferencias de prensa sin preguntas). Tampoco sirve de nada invocar fuentes de legitimidad que se han secado (p.e. la competencia tecnológica). Antes de la Red, el periodismo ya sufría una triple crisis: económica, política y profesional. Es lo que el 15-M llama a revisar.

La crisis económica surge del imperativo de máximo beneficio, rebajando costes y acortando tiempos. Jibarizando y precarizando las plantillas, acelerando los procesos de producción, degradando o eliminando los procesos más costosos, los medios han dejado de ofrecer una información atractiva y útil. Obcecados en cotizar en Bolsa, han desembocado en una economía insostenible: sin fundamento real. Cada vez se demandan menos noticias. Estamos saturados de mensajes que, en realidad, son comunicados oficiales con formatos contaminados y contaminantes. La dramatización maniquea convierte las noticias en cuentos para ciudadanos considerados menores de edad. La banalización de cualquier debate acaba por no ofrecer más papeles que el de espectador y consumidor. Y el negativismo presenta la política como campo abonado para corruptos, que apesta y aleja a “las gentes de bien”. Buscando el “espectador medio” y las “audiencias masivas”, se han quedado solos. Cada vez son menos quienes leen sus editoriales, porque devuelven una imagen irreconocible o que les denigra apelando al “mínimo común denominador”. Nadie costea lo que le degrada. Teniéndonos en tan baja estima han acabado ofreciendo noticias que nadie traga ni paga. Se encuentran antes, gratis y contrastadas en la Red.

La estima social del periodismo ha bajado en la misma medida que menospreciaba a su público y subía la cotización bursátil de los grupos multimedia. Audiencias vs. públicos. Bolsa de valores vs. credibilidad. Disyuntivas que están muy claras para las nuevas generaciones de públicos politizados. Lo son tras actuar como coautores de los flujos de información digital, alzando una voz propia. Su inteligencia colectiva crea información y análisis colaborativos. Aportan valor añadido al difundir los mensajes que ponen en común. Son modos de producción y valorización que exigen una nueva economía mediática. Con sólo dos certidumbres: el modelo de negocio ha de abrirse a la participación y centrarse en un bien intangible, pero básico. La credibilidad del público por encima del crédito bancario.


VI. Crisis de representatividad

Preso de los mercados de la propaganda y la publicidad, el periodismo transformó su misión de controlar a los políticos (y a los banqueros que les financian) por otra más lucrativa: manejar su imagen pública. El disfraz de la persuasión por información aumenta la efectividad de la primera, pero mina la segunda. Parece olvidado el pacto que fundamenta la credibilidad del periodista: cuento lo que podido contrastar como cierto y veraz; lo argumento de forma lógica porque tengo interlocutores, no meros receptores. E intento que les resulte interesante porque, de hecho, hace referencia a sus intereses reales, a corto y largo plazo, individuales y colectivos. Informo a la sociedad para que se reconozca y para que en un debate colectivo conozca y proteja sus derechos. Porque participo en esa deliberación social, no dicto cuáles son esos derechos ni quién los va a conceder. Mi compromiso es que el debate sea veraz, abierto, plural y competitivo. Limpiar la esfera pública de mentiras y malversadores. Abrirla a diferentes alternativas y que compitan en justa lid, con datos y argumentos. En el Reino Unido la profesión se ha propuesto renovar este pacto, después de que Murdoch acabase en los tribunales.

Los sondeos señalan al 15-M como posible aliado para retomar el diálogo social y salir de la doble crisis económica y de identidad del periodismo. Según MetroscopiaEl País, que publicó la encuesta, este movimiento concita una representatividad inusual. Expresa consensos sociales que cuestionan los oficiales. Un mínimo de 7 de cada 10 españoles y españolas apoyan las demandas del 15-M. Eso, las que menos. Casi todas rondan el 80%, y las más significativas el 90% de las adhesiones. Además, cuando informen del 15-M, los periodistas debieran saber que uno de cada dos ciudadanos ha participado en él. Y eso que sólo se encuestó a los mayores de 18 años. Una vez más, sólo importa a quién votará el 15-M. ¿Por qué excluir a los ciudadanos de 16 y 17 años? Tienen edad laboral y penal. Y hay que renovar audiencias.

VII. El pacto con el público: el protocolo profesional

La encuesta antes citada era previa a la campaña de estigmatización más dura del 15-M hasta el momento. Me refiero a la que transcurrió desde el desalojo de la acampada de la Plaça de Catalunya, el 27 de mayo de 2011, hasta los incidentes ante el Parlament del 15 de junio. Un sondeo posterior demuestra que el 15-M apenas perdió apoyo: 7 de cada 10 españoles (mayores de edad) lo percibían como “pacífico”. Se constata así algo que pocos sostenían: el público maneja fuentes y criterios propios de veracidad. Aún más, puede generar un conocimiento compartido socialmente contra la versión mediática dominante[3]. Ante un actor social de esta envergadura sería lógico establecer un nuevo pacto. Una alianza de autonomía mutua. No una nueva servidumbre mediática con formato de populismo demagógico. Resulta urgente retomar el protocolo profesional que confiere credibilidad al periodista y dignidad a los indignados.

Los incidentes en Catalunya evidenciaron hasta qué punto la profesión hizo dejación, fue incapaz o se le impidió aplicar un protocolo que garantizase la veracidad de sus noticias. Aún más grave, se conculcaron los derechos a la información y a la libertad de expresión. Todos los medios convencionales incurrieron en errores de calado, al margen de sus sesgos. Y esta crítica no encubre ningún deseo - sino temor - a que los periodistas se transformen en propagandistas del 15-M. Ningún beneficio, ni social ni profesional, se derivaría de ello. La banalización espectacular del movimiento lo deslegitimaría. Su cooptación partidaria, lo neutralizaría. En el otro extremo, los “periodistas indignados” reproducirían los errores de la contra-información más tosca: endogamia (retórica de autoconsumo) y sectarismo (antagonismo en vez de renovación de consensos).

Otros errores, que han vuelto a cometerse, revelan el incumplimiento de los estándares profesionales más básicos y cuánto se degradó la coexistencia de la legalidad y la protesta, imprescindible en toda democracia. Fue Youtube, es decir, la cibermultitud capacitada tecnológicamente y sus redes descentralizadas de (contra)información, quienes registraron y difundieron algunos hechos clave para entender los incidentes ante al Parlamento catalán el 15 de junio. Internet mostró (a) que los actos violentos los iniciaron o, al menos, también los provocó la policía secreta; (b) que sólo se les permitió acceder a determinados periodistas, como si fuesen reporteros empotrados en una guerra; y (c) que algunas imputaciones de la violencia ejercida contra los parlamentarios eran falsas. El ejemplo más pintoresco es que nunca se zarandeó ni privó de su perro lazarillo a un diputado invidente. Como tampoco se informó de los manifestantes que calmaban y aislaban a sus compañeros más exaltados.

Los hechos desmienten la versión oficial, “El 15 M se hace violento”, que afirmaban o ponían entre interrogaciones las portadas. Sin apenas considerar los testimonios audiovisuales de la Red, que se intentaron censurar, se pretendía criminalizar la protesta cuando llegaba a las puertas de las instituciones. Quizás no ocurrió de forma intencional ni con consignas. Bastaba con querer aumentar audiencia subiendo el dramatismo de las crónicas. Y el tema durante más de dos semanas fue la violencia. Ese discurso intimidatorio se mantuvo hasta las marchas del 15M que marcharon sobre Madrid el 19 de junio. Y retomó bríos durante la visita papal en el mes de agosto.

Sin otra ideología que la inyectada por las rutinas de los periodistas, bien manejadas por las fuentes oficiales, estas últimas se blindaron. Intentaron destruir la imagen pacífica del 15M; que bloqueando el Parlament denunciaba medidas contrarias a los intereses populares y que, de otra forma, hubieran pasado desapercibidas. La misma actitud adoptó la prensa frente al blindaje de las plazas públicas durante la visita de un líder religioso, el Papa, a un estado que se dice laico. O de la reforma constitucional que el PSOE y el PP acordaron a finales de agosto fijando un límite al déficit público. Todo ello sin anuncio, debate ni refrendo ciudadano. Puede debatirse la pertinencia de las demandas del 15M. Pero la lógica democrática no avala que las decisiones se tomen a escondidas, sin conocimiento de los afectados y sin posibilidad de que los descontentos manifiesten su oposición. Impedirlo era y es responsabilidad del periodismo.

Para ello no se precisan columnas laudatorias ni manifiestos de adhesión al 15M. Ya está bien de que el periodismo español cargue con la cruz (o se imponga la medalla) de salvar la democracia cada dos por tres. Y de que “la intelectualidad” corra a sumarse a la pancarta, una vez que está escrita. Todo resulta más modesto y no por ello menos heroico. La democracia se consolida o se menoscaba día a día, titular a titular, entre todos y todas. Aclarando los parámetros mínimos que salvaguardan una democracia en tiempos convulsos; resulta evidente lo que falta y lo que sobra. En pocas palabras: más información sobre los intereses en liza y menos espectáculo violento. Más datos y menos escenificaciones. Y, ya que hablamos de un pacto entre iguales, esto va tanto por los medios como por el 15M.

VIII. La pantalla de la violencia

La pantalla de la violencia ocultará las demandas de los indignados. El reto que plantean es tal y la crisis social tan profunda que no cabe esperar otro guión informativo. El retroceso que supone la constitucionalización del déficit y los pronósticos electorales no auguran nada mejor. La berlusconización del PP, enfrentado tras su victoria a una sociedad civil que no reconoce como tal, es más que factible. Para conjurar ese futuro sobran periodistas de combate, ni siquiera beligerantes contra la violencia, ya sea estatal o subversiva. Basta retomar los mimbres elementales de la información para una convivencia democrática. Es una propuesta que debieran sopesar los periodistas a no ser que se resignen a intimidar a los ciudadanos: sentar en el banquillo de los acusados a los más damnificados por la violencia, la económica y la policial. Señalo tres breves principios.

 (a) En circunstancias como las descritas, los responsables del orden público deben garantizar dos derechos por igual: el de los políticos a cumplir con sus cargos y el de la ciudadanía a expresarse en contra. Ninguno debe primar a costa del otro. Hay quien suscribe el reduccionismo de la democracia a su fórmula parlamentaria. Otros, aunque menos, quisieran una prensa dedicada a enardecer a la ciudadanía. ¿Por qué? El derecho a la protesta es el correlato del de los cargos públicos a desempeñar sus funciones. El activismo ciudadano confiere vigor, revitaliza a sus representantes.

Los sucesos comentados revelan la incompetencia o mala fe de los responsables de Interior. Los dispositivos de protección probaron ser insuficientes o servir a otro fin. Pero aunque respondiesen al objetivo más espurio de quien guarda el orden público (criminalizar a la ciudadanía) las actuaciones policiales, además de ineficaces, fueron contraproducentes. Tuvieron un efecto de refuerzo, como ocurrió con el primer desalojo de la Puerta del Sol, que desató primero las acampadas y la #spanishrevolution después.

 (b) Los periodistas no pueden condenar la violencia ciudadana sin condenar con igual o mayor intensidad la que ejerce la policía. Los antidisturbios que apalearon a los acampados de Plaça de Catalunya sin placa de identificación no fueron sancionados ni han variado de proceder. Se permitió entonces grabarles sin restricciones, elevando el umbral de fuerza aplicable al 15-M. Esto confirió tensión narrativa a los “perroflautas” apaleados, que acabarían retratados como jauría antisistema. La metáfora canina ya resulta un clásico, desde que el expresidente J.M. Aznar calificase al movimiento Nunca Máis “como perros que ladran su rencor por las esquinas”. Las primeras fisuras de este encubrimiento de los abusos policiales tuvieron lugar tras la visita papal. Entonces la prensa de derechas quiso enfrentar el 15M a los peregrinos de las Jornadas Mundiales de la Juventud reunidas en Madrid en agosto. Las razones estriban, sin duda, en que varios agredidos eran periodistas (o conocidos de) y a la pujanza de las comunidades digitales que intercambian videos como medio de autodefensa.

 (c) Por último, aún reconociendo el atractivo de la violencia insurgente (y la oficial, si se abordase) en términos mediáticos, un mínimo de profesionalidad obliga a informar sobre las decisiones políticas que están en disputa. En este punto sólo hay interrogantes, me temo que todavía sin plantear por algunos periodistas. ¿Conocen la Ley Omnibus que se votaba en el Parlament de Catalunya? ¿Saben de las sesenta disposiciones que con una sola votación se pretendía derogar? ¿Y de las dudas jurídicas y constitucionales de este proceder? La denuncia de “la violencia” sirve como cohartada que exime investigar y explicar. En definitiva, hace de pantalla de las motivaciones de la protesta, que quedan invisibilizadas. Así como su efectividad política. El 15M “ataca a los parlamentarios”, “asedia las instituciones”, “intimida a los ciudadanos” y hasta “paraliza el país”. Pero no se mencionan sus logros[4].

Garantizar la coexistencia revitalizadora de las instituciones con la protesta. Aplicar a la violencia oficial el mismo rasero. Y ocuparse de las políticas públicas controvertidas resultan elementos de ruptura con la cultura periodística española. Forman parte del proceso de cambio político que el 15M exige frente a los pactos de la Transición. Estos se fraguaron para supeditar los medios a los partidos, los periodistas a los políticos y, en comandita, marginar a la ciudadanía del debate y toma de decisiones.

IX. Un pacto para la ruptura y la autonomía.

No debieran los periodistas apoyar a los indignados, sino aplicarles su código
profesional. Lo aparcaron cuando dieron pábulo a las sucesivas etiquetas que les han colgado. Repasarlas provoca vergüenza. Ajena, claro está. Porque motivos de orgullo ciudadano tenemos muchos. Aunque la mayoría de los medios no los compartan, aunque sí muchos periodistas.

Al principio el 15M era una quintacolumna movimentista que teledirigía Rubalcaba contra el PP. Los conspiradores del 13M de 2004, que atacaron a las cibermultitudes que denunciaron las mentiras sobre los atentados en Atocha, hacían campaña electoral con los mismos argumentos: siete años de mentiras. Luego formaban el 15M los infiltrados de partidos menores que hacían proselitismo acampados en Sol. Más tarde (o simultáneamente, tanto da) se convirtieron en abstencionistas extra- y anti-parlamentarios que despreciaban las urnas. Y cuando constataron que las elecciones no detenían el movimiento sino que, una vez transcurridas, cobraba calado y extensión, comenzaron las adhesiones simbólicas.

Los primeros apoyos al 15M se tiñeron de rancias añoranzas. Recordaban juventudes revolucionarias, la mayoría inventadas. Rezumaban el mismo paternalismo condescendiente que se aplica a los fenómenos pasajeros como los sarpullidos juveniles. Esa búsqueda indisimulada de rejuvenecer con respaldos autopromocionales dio paso a los exámenes; como le corresponde a quien aún tiene que probar quién es y su valía. Como si se tratase de comités de sabios, se exigió a las asambleas que diesen alternativas a un marco político que hasta entonces se presentaba como inalterable, el único factible. Se le requirió también al 15M un programa electoral con medidas concretas, tras una campaña que, como todas, estaba dominada por el pensamiento único. Coincidiendo con el calendario escolar y en correspondencia a su inmadurez, se examinaba al movimiento, sin reconocer un ápice la enorme pedagogía política que despliega.

Más tarde, cuando las acampadas se prolongaron demasiado porque ensuciaban las plazas y dañaban el comercio, llegó el higienismo con sus “limpiezas” y desalojos. La democracia viral del 15-M era una epidemia. Los problemas sanitarios de las acampadas fueron luego catalogados de orden público. De modo que cuando, por fin, la protesta llamó a la puerta de las instituciones (tomas de posesión de cargos, bloqueos y sentadas ante las sedes parlamentarias, desahucios…) fue catalogada de violenta. El siguiente paso no deparará sorpresas. Consistirá en apelar a la Big Society: la sociedad civil llamada a suplir con voluntariado las carencias de los servicios públicos, incluso de la policía. Sepan que los conservadores británicos convocaron a través de las TIC a sus votantes para empuñar las escobas frente a los saqueos de este verano. Con el peligro, claro está, de reconducir unos disturbios en enfrentamiento civil. Lean las llamadas a la delación y represión de los desobedientes civiles del 15M realizadas por la prensa ultraconservadora; legisladas ya por algún ayuntamiento cogobernado por el PP y el PSOE. Son los aledaños de la berlusconización que se avecina.

En muy corto tiempo hemos recorrido un largo camino, y eso que esto no ha hecho más que empezar. Ojalá los periodistas acepten medir el 15-M con la misma vara que a las instituciones. Se les pide, una vez más, que reconozcan a la ciudadanía como actor político e informativo de pleno derecho. Que les traten, como fuentes y materia de sus noticias, con el protocolo profesional que debieran aplicar a los cargos públicos. Es el único modo de que se doten de independencia y de que la sociedad civil mantenga la autonomía necesaria para autodeterminarse, que es de lo que se trata en una democracia real.


[1] Este texto reformula otro previo , que recogía mi participación en el Debate del Pueblo sobre el Estado de la Nación, que el 15-M  organizó paralelo al parlamentario en La Plaza del Sol de Madrid el 28 de junio de 2011.
[2] Nos referimos a  la insumisión antimilitarista, la solidaridad internacional del 0,7%, la okupación de inmuebles, el antirracismo, Nunca Máis, las cibermultitudes del “Pásalo” el 13 de marzo de 2004, V. de Vivienda y finalmente, el 15M. Pueden consultar todas estas investigaciones en y la más reciente, que abarca las movilizaciones en contra del canon digital en la campaña de las Elecciones Generales de 2008.
[3] Algo semejante puede argumentarse de la batalla orquestada mediáticamente entre el 15-M y el encuentro de la Juventud con el Papa.
[4] Por ejemplo, El País sin mencionar al 15M relataba que “el Gobierno de Convergencia i Unió ha dado marcha atrás en aspectos tan sensibles como permitir que las instalaciones de los hospitales públicos se puedan ceder a la actividad privada, así como las limitaciones que se imponían en un primer borrador a los recién empadronados para acceder a la sanidad pública”. (7 de julio de 2011).

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