7 de junio de 2012

Los terroristas de Wikileaks [Hackear el periodismo IX]]

Sigue la versión Beta del panfleto en curso.  Entregas [I],  [II], [III], [IV], [V], [VII] y [VIII].
Esto es la guerra contra terroristas, delincuentes y antisistema.
“Wikileaks, el 11-M de la diplomacia”: quizás fuese este el primer titular que leyeron sobre esta organización. Otros la presentaban como ladrones de documentos, ciberdelincuentes gamberros al estilo de Anonymous o el mangante magnate Kim.dot, propietario del sitio de descargas Megauplod.  Quizás sólo piensen los lectores en Wikileaks como fuente de caos, dinamitadora de nuestras democracias. Estos tres marcos cognitivos – que encuadran y limitan la imagen que tenemos de algo – niegan el alcance de esta organización.
Ciberterroristas
Para la Guerra Global contra el Terrorismo toda disidencia, incluida la digital, es tachada de terrorismo, sospechosa de serlo o de convertirse en ello. Esto voceaba la derecha neoconservadora que en Italia, EE.UU. o Canadá pidió procesar judicialmente a Assange por delitos de terrorismo e incluso matarle como a Osama Bin Laden. Son los mismos que justifican el encarcelamiento de Manning en condiciones degradantes, propias de las purgas estalinistas: “aislamiento obligatorio” desde su detención y posiblemente de por vida. Son quienes le juzgaron por espionaje y traición en un Gran Jurado secreto, sin publicar sus miembros ni procedimientos. Han eliminado el carácter público que exige una justicia ejercida en nombre y defensa de democracia. Apenas cabe dudar de que sus intenciones respecto a Assange fuesen otras que extraditarle e imputarle cargos semejantes. Sin embargo, ninguno de estos inquisidores ha mostrado interés en desvelar al responsable de que aquel infante de marina pudiese copiar datos en la disquetera de su ordenador. Todo un ejemplo de (in)justicia castrense. El error del mando se convierte en delito del subordinado. El fallo del sistema se imputa a quien lo hace público. La ineptitud de los gestores de secretos oficiales se convierte en crimen de guerra de quien invoca la justicia. Que el justo pague por pecadores: la primera máxima del Terrorismo y de la Guerra Global que dice combatirlo. Los (anti)terroristas borran la distinción entre inocentes y culpables. Entienden que hacer justicia consiste en ajusticiar.
La Guerra Global contra el Terrorismo, decretada tras el 11S, ha fracasado de forma evidente en Irak y Afganistán. Podríamos decir que, arrancó demasiadas vidas de civiles de esos países – según los documentos de Wikileaks, triplican a los insurgentes y terroristas muertos. Y que apenas se cobró a una de sus creaciones más lica﷽﷽﷽﷽﷽﷽l y ejecutarlo sin juicio previo fue la mayor hazaña b Juradologradas, Osama Bin Laden. Convertirle en encarnación del mal y ejecutarlo sin juicio previo fue la mayor hazaña bélica y como tal se presentó. Las tropas aliadas se retiraron dejando atrás guerras civiles de desenlace incierto y amenazas más graves que las que pretendían combatir. Wikileaks, que como vimos jugó un papel importante en las decisiones de la Administración norteamericana, también resulta clave para evaluar estas campañas bélicas. En 2012 la filtración de los correos de una empresa privada de espionaje, aportó pruebas irrefutables de la colaboración entre los servicios de inteligencia y el ejercito paquistaníes con Al Qaeda. También cuestionó el destino final del cadáver de Bin Laden, que según estos correos no habría sido arrojado al mal.& Nada de ello trascendió ni provocó reacción institucional.
Las tesis antiterroristas – como patrañas aterradoras que son - se mantienen invulnerables, porque se alimentan del miedo y no de la realidad. Sus imágenes resultan tan engañosas como la del presidente Barack Obama rodeado de sus asesores, mientras contemplaban en un televisor la ejecución de Bin Laden. Las imágenes del monitor quedaban fuera de cuadro, resultando imposible para el público verlas. Este retrato colectivo subsume el mensaje que quiere transmitirse a la ciudadanía, porque también ella de forma implícita. Está presente en la fotografía, fuera de cuadro. No se exhiben pruebas, sino una puesta en escena que convierte a los gobernados en espectadores de otros espectadores. Los dirigentes ya no combaten al frente de las tropas. Supervisan unos monitores cuyas proyecciones nos vetan. Miran a las pantallas y a la vez, por el ángulo con el que está tomada la foto, ven que les miramos. Insisto, no accedemos a sus filmaciones. Si pudiéramos, y este es el  implícito que se maneja, a lo mejor nos reconocíamos en ellas. Los vigilantes nos vigilan.
El discurso antiterrorista que sostiene esta foto genera frutos envenenados. Permite a los estados actuar al margen de la legalidad, privatizando la represión de la disidencia en dos sentidos. Legitima procesos jurídicos que carecen de garantías públicas, como en el caso de Manning. Por otra parte y como veremos al desmontar la guerra contra la ciberdelincuencia, los estados delegan en las corporaciones privadas la censura de Internet. En uno y otro caso, no son necesarias más pruebas que la presunción de culpabilidad. Todo lo contrario que en un Estado de Derecho que parte de la presunción de inocencia. Cuando las pruebas en las que debieran haberse sustentado las condenas son examinadas con atención no solo niegan las acusaciones, sino que denuncian al inquisidor.
Igual que en las calles de Túnez y El Cairo no hubo células fundamentalistas liderando las protestas, tampoco Wikileaks persigue objetivos que la emplacen en una trinchera hostil a las democracias. Al contrario, sus filtraciones alcanzaron por igual a EE.UU. y a los países que califica como “delincuentes” (Corea, Irán y Venezuela...). El propio Pentágono reconoció que no le constan víctimas de sus tropas o de colaboradores imputables a las filtraciones. Ni siquiera después de que Wikileaks liberase todos los archivos que había entregado a la prensa. De hecho, tan sólo 90 nombres fueron identificados como víctimas potenciales por la Associated Press y ninguno de ellos sufrió represalias. Difícil o imposible de constatar, cierto. Pero de haberlas habido serían imputables a quienes (¡tras todo un año!) no pusieron medidas para ponerles a buen recaudo. ¿Más negligencias encubiertas?
No parece justo imputarle a los hackers muertes sin confirmar y, al mismo tiempo, ningunear las piezas políticas que se cobraron cuando las filtraciones fueron liberadas por completo. Una vez más, la lógica militar se impone a cualquier avance político, sin importar los datos. En las recriminaciones que recibió Wikileaks se constata la falta de aprecio por parte de sus antiguos aliados mediáticos al conocimiento colectivo y especializado que aportaban las filtraciones. Muy pocos periodistas (reconocidos y ensalzados como tales) percibieron su para una sociedad que cuenta con recursos para vigilar cómo se defienden sus intereses. Por no hablar del enorme caudal que aportaban para que expertos y  científicos sociales desplegasen una crítica de la que habían abdicado.&
Por tanto, ni objetivos geoestratégicos, ni víctimas. Tampoco las tácticas de Wikileaks son propias de la ciberguerrilla. Los hackers no usaron virus ni troyanos para inutilizar servidores u ordenadores personales. Atacaron (más bien, atascaron con peticiones simultáneas de servicio) las webs de Paypal, Mastercard o Visa cuando iniciaron el boicot a Wikileaks. No antes. Luego esos ciberactivistas anónimos colaboraron aportando a Assange nuevas filtraciones. Es decir, en lugar de eliminar actores y contenidos de la esfera pública – como hacen los (anti)terroristas – los hackers apostaron por mayor inclusividad, más participantes en el debate y mayor apertura de temas. En suma, más democracia para parar la guerra. La misma fórmula que guiaba toda la estrategia de filtraciones iniciada en 2010. La ofensiva, en todo caso, no partió de los cibernautas afines a Wikileaks. Y su respuesta, además de noviolenta, reviste una naturaleza muy distinta a la que se presenta.
Hay otra lectura, que avanzamos en el capítulo anterior, y que reconoce en Wikileaks un emblema generacional. Lo nativos digitales han sido capaces de denunciar la verdadera naturaleza de “las guerras humanitarias”, tras asistir a su escenificación obscena ya demasiadas veces. Alardean de haber expuesto “el sistema de fraude informativo que las sostiene”. Parecieran expertos en etimología, porque demostraron que “humanitaria” no proviene de “derechos humanos” sino de “inhumare”: enterrar, en latín (John Berger, dixit&) Enterramos las cifras de las víctimas no oficiales. Sepultamos los derechos de las poblaciones con protocolos bélicos que no distinguen objetivos militares y civiles. Bombardeamos campos de refugiados como si fuesen campamentos subversivos. Al igual que los periodistas freelance son considerados combatientes hostiles. En la retaguardia, los interrogatorios se equiparan a las torturas... Assange y sus colaboradores desvelaron el fraude masivo que justificó la invasión de Afganistán e Irak, así como las peores respuestas al 11S en EE.UU… y al 11M en España.
Ya conocemos las consecuencias de la etiqueta de ciberguerrilla. Manning y Assange lo experimentaron pronto y en carne propia. Las instituciones propagan el discurso del miedo y se instalan en el secreto. Las verdaderas agendas de gobierno se blindan en burocracias diplomáticas y bélicas con un doble lenguaje. En lugar de la “lucha por la democracia” o el flamante “diálogo de civilizaciones”, imponen la geopolítica del realismo duro y sucio: unilateralismo con doble vara de medir, que vulnera el derecho internacional con guerras no declaradas o ilegales. En nuestras sociedades, consideradas también frentes de guerra, se violan los derechos de los “no nacionales” y admitimos con creciente normalidad la represión a la disidencia “interna”. Justificamos esta decadencia civilizatoria con un estado de excepción permanente. La alarma social justifica el recorte de derechos. Y si este panorama nos resulta exagerado y tremendista es porque no hemos accedido a la situación completa que dibujaron las filtraciones. Y porque hemos olvidado quienes fuimos o pretendimos ser. Los documentos de Wikileaks constituyen un relato insoportable de violaciones de derechos humanos y de crímenes contra humanidad[i]. No en vano probaron que EE.UU. espiaba, entre otros muchos, al Secretario General de la ONU. Recuerden que Nixon tuvo que dimitir tras demostrarse en el Watergate que espiaba a sus adversarios políticos.
Hagamos también nosotros memoria. España participó en el frente y en la retaguardia de la Guerra Global contra el Terrorismo. En marzo de 2004 los yihadistas mataron a casi 200 ciudadanos en Madrid e hirieron a más de 1.500 familias. En las 72 horas previas a las elecciones generales se impusieron mentiras y medias verdades. La desinformación oficial funcionó durante tres días. Hasta el de las votaciones, los grandes medios mantuvieron la confusión sobre la autoría de los atentados que propagó el Gobierno de J.M. Aznar. Ninguna prueba sostenía la participación de ETA y todas la cuestionaban. Como reacción, la gente “filtró” las noticias extranjeras de las televisiones por satélite e Internet. Las compartió en foros y blogs. Identificó las deficiencias de la información controlada por el Gobierno. Y finalmente se auto-convocó el 13M en las calles para denunciar las mentiras y medias verdades que hacían circular casi todos los políticos y periodistas.& ¿Comunidades y valores democráticos que perviven al margen, a pesar de, los mercados del voto y las noticias? ¿Alguien dijo ciudadanía vigilante o multitudes inteligentes?
Mucho tiempo después hay quien insiste en una teoría de una conspiración, fraguada por enemigos internos y externos que hay que erradicar. Es el refugio retórico de la mentira belicista que carece de frente y enemigo claro, porque todos somos sospechosos y culpables de algo. Es el búnker que el 15M y movimientos paralelos vinieron a agrietar. Pero se mantiene firme. El gobierno de M. Rajoy reabrió en falso del juicio del 11M en el 8º aniversario de la masacre. Una maniobra de distracción de la crisis. Propia de trileros que juegan con el significado de interés público, explotando debates que no nos interesan y dictando políticas en contra de nuestros intereses. Se mantienen porque los periodistas uniformados no nos informaron a tiempo que Wikileaks había filtrado que ya en otoño de 2004 el Congreso de EE.UU. daba por única la responsabilidad yihadista de aquella masacre.&
Las conspiraciones encubren tamaña incompetencia o planes tan horrorosos que precisan taparse con relatos incontrastables, inmunes a la realidad. También circulan a ritmo de vértigo y con un alcance hasta ahora impensable en la Red. Pero las narraciones conspirativas del poder son denunciadas antes en la esfera pública digital que en los medios convencionales, que vistos así arrojan mayor grado de control. Los dictadores árabes denunciaban que las movilizaciones en su contra estaban orquestadas por espías y terroristas extranjeros. Los medios occidentales se las adscribían al fundamentalismo (todo él, terrorista y sólo musulmán). Nos sobran tramas maquiavélicas, con personajes maniqueos que encarnen el bien y el mal. Los relatos cuando se gestan y comparten colectivamente, crean en sí mismos acción colectiva. Los cables de Wikileaks aportaban motivos de indignación a la multitud de la plaza Tahrir. Las imágenes en directo de Al Jazeera se recibían en los hogares árabes de todo el mundo. Y los miembros más jóvenes convocaban a movilizarse a través de las redes sociales. Como en la España del 13M o el 15M, el tejido social más activado cobra una identidad digital que le confiere entidad política. Su capacidad transformadora se manifiesta en varios niveles.
Las cibermultitudes escapan a la lógica militar, que asume jerarquías insalvables y emplea la censura, justificada como secreto de estado, o la propaganda, disfrazada de noticia. Wikileaks dio voz a la tropa y a las víctimas civiles, sin reconocer fronteras y, por tanto, tampoco banderas. Las revueltas populares que abrían los telediarios de 2011 esquivaron el filtro estatal y corporativo, accediendo a una esfera pública sin mediadores. No utilizaron ni los medios públicos, en manos de los gobiernos, ni los privados, atenazados por sus dependencias políticas y económicas. En segundo lugar, cohesionaron y expresaron una oposición interna que parecía no existir; precisamente por estar reprimida y expresarse en medios digitales, independientes de la prensa convencional. En tercer lugar, se articularon en ámbitos autónomos de debate y movilización. Con temas y enfoques novedosos que no se supeditan a una agenda de gobierno o electoral. Finalmente, se proyectaron en otras redes. Tejieron alianzas con otras opiniones públicas extranjeras o en el exilio, que sirvieron de altavoz y escudo.
Pero las cibermultitudes no son omnipotentes, como pudieran sugerir algunos entusiastas. Nada pueden si no recaban eco de la política y los medios convencionales, extranjeros y nacionales. Resultan más útiles para desestabilizar regímenes caducos que para implantar otros nuevos. Y, por supuesto, no son espontáneas. No surgen por azar. Exigen una movilización previa e intensa en la calle y otros espacios sociales fuera de la Red. Además deben apoyarse en los usos tecnológicos y las rutinas comunicativas de la población, encontrando así el momento y modo para desarrollarse. Y, por último, deben ligarse a informaciones, que también presentes en los medios convencionales, puedan cambiar el curso de los acontecimientos. Al menos eso aprendimos cuando estudiamos el 13M de 2004. Su grandeza y miseria, su potencialidad y limitaciones, son inherentes a una tecnopolítica que resulta tan pujante como ingobernable&.
Son los públicos digitales que antes sólo se hacían presentes con estudios de mercado o en las elecciones. Ese Pueblo que se invocaba a finales del s.XX& irrumpió sin pedir permiso ni esperar a que se lo concedieran. En España, tras el “No a la Guerra” las multitudes denunciaron que la desinformación antiterrorista no les permitía siquiera votar sabiendo una verdad fáctica, quién había matado a los suyos. Dos años después, lanzaron “V de Vivienda”, para denunciar la crisis que se avecinaba por la burbuja inmobiliaria y un modelo de crecimiento que ni siquiera aseguraba el derecho a techo. Y en 2011 ocuparon las plazas, coordinándose a nivel internacional. Pusieron en práctica dinámicas colaborativas, basadas en la reciprocidad. Formaron comunidades autónomas en ambas orillas del Mediterráneo y del Atlántico, defendiendo un cambio político de calado. Y hackearon el periodismo, cambiaron el rumbo de los medios corporativos con mayor presencia global, transportando en ellos información hasta entonces prohibida. Abrieron las rutas del periodismo del siglo XXI.
El cargo de terrorismo resulta exagerado, incluso para quienes como la Sociedad General de Autores Españoles relacionaron el top-manta con las mafias de inmigrantes, la droga y el yihadismo. Los gobiernos esgrimen el fantasma terrorista y las empresas  claman contra una ciberdelincuencia en la que incluyen a Wikileaks. Aún bien que la justicia española (estimulada por abogados hackers) sancionó el fraude que practicaba la SGAE con los derechos de propiedad intelectual de sus socios. Conservamos nuestros Estados de Derecho, pero cada vez más amenazados. No tanto por quienes deliquen, como por nuestros guardianes.


[i] Un ejemplo excelente, en referencia sólo a lo que concierne a EE.UU. William Blum. 7 de marzo, 2012. “The Saga of Bradley Manning, Julian Assange, and Wikileaks, to be put to Ballad and Film”. Anti-Empire Report http://dissidentvoice.org/2012/03/the-saga-of-bradley-manning-julian-assange-and-wikileaks-to-be-put-to-ballad-and-film-2/

0 comentarios:

Publicar un comentario