3 de febrero de 2013

Antes de que se vayan de rositas

Suso Baleato, miembro del "cognitariado galego" instalado en el vientre de la Bestia (Alemania), me contacta y brinda a esta colmena un gráfico (dale click y te espantarás) y un relato estremecedor de lo que (no) va a pasar con quienes tanto se sobraron con los sobres. De nihilismo antipolítico nada. Su llamada - que hago mía - a una Tangentópolis a la española y de raíz social está formulada en otro post de su magnífico blog. Suso me recordaba aquella otra llamada que hicimos cuando arrancaba Nunca Máis... Ahora es tiempo de hacer circular esta otra, obra de Suso.

Cómo podrían irse de rositas (y por qué es necesario movilizarse)

El siguiente diagrama de flujo describe los mecanismos jurídicos que garantizarían la impunidad a la cúpula del Partido Popular de ser imputados por la trama de corrupción descrita por la prensa. En el artículo describo la casuística citando la fuente jurídica, realizo una valoración del escándalo asociado y comparto una reflexión sobre la necesidad de promover un proceso colectivo de reflexión y movilización.

Diagrama de Flujo representando la casuística del caso La publicación en prensa de un supuesto caso de cobro sistemático de dinero negro por dirigentes del Partido Popular ha logrado convertir el de la corrupción en el tema principal de la agenda mediática española, registrando incluso una significativa repercusión internacional. Las razones de este impacto pueden encontrarse tanto en su alcance político por afectar a la cúpula del partido en el gobierno, como en su extensión temporal por abarcar buena parte del actual período democrático. La gravedad del asunto, más allá de las oportunas consideraciones morales, se encuentra en la tipificación de los delitos presuntamente cometidos: evasión fiscal, financiación ilegal del partido o blanqueo de capitales entre otros.

De ser ciertos los hechos que se describen, cabría imaginar la sombra de la cárcel cerniéndose sobre la cúpula del Partido Popular; o, al menos, sobre aquellos altos cargos cuyas firmas certificaran haber recibido sobres con dinero negro en efectivo. Sin embargo el análisis jurídico de los hechos conocidos prueba que nada estaría más lejos de la realidad. Tal como se demuestra a continuación, absolutamente nadie entraría en la cárcel, y todos podrían continuar ejerciendo cargo público. Ya fueran simplemente testigos pasivos, intermediarios o altos cargos imputados la impunidad sería total.
Dada la complejidad de la trama, el gran número de actores y la diversidad de los posibles actos delictivos, divido el análisis en tres partes. En la primera, reviso la veracidad de la información, en la segunda examino a quienes habrían participado en la trama y en la tercera a quienes la habrían organizado. Finalmente, comparto una reflexión un poco para desahogarme y otro poco para acompañar en el trance a quienes, como yo, entendemos que España está en un profundo proceso de cambio estructural en cuya dirección es necesario que participe la sociedad civil para evitar que esta crisis acabe por convertirse en otra fallida transición.

Veracidad de la información publicada: no hay pruebas

La información periodística describe, en base al testimonio de fuentes que no se desvelan, un mecanismo de incentivos económicos localizado en la estructura ejecutiva del Partido Popular que, por eludir las correspondientes obligaciones tributarias, operaba en la ilegalidad contable y fiscal. Por operar en la ilegalidad, el sistema garantizaba el silencio de sus partícipes; por la elevada cuantía de los incentivos aseguraba la complicidad de quienes aspiraban a participar; y, debido al alto coste que supondría su denuncia inhibía a quienes, conociéndolo, no deseaban -o no podían- participar en él. El carácter ilegal de la operativa -la entrega en mano de sobres con dinero en efectivo no contabilizado- extendería la situación de ilegalidad tanto al mecanismo de suministro del dinero utilizado como a la actividad económica en la que tenía su origen, añadiendo al posible delito de evasión fiscal los de evasión de capitales y financiación ilegal del partido. Los testimonios identificarían como principal responsable de este mecanismo a una persona tan cercana a las finanzas del partido como pueda serlo quien resultó ser su máximo responsable económico desde que fuera fundado en 1989. Resulta difícil encontrar un testigo más acreditado que ese.

La existencia de este mecanismo de incentivos parece plausible; el funcionamiento entra dentro de la lógica organizacional y el carácter ilegal explicaría su permanencia en el más absoluto secreto a lo largo del tiempo. Por si la revelación de una cuenta en Suíza gestionada por este tesorero, imputado además en otra trama de financiación ilegal del mismo partido, resultaran insuficientes para acreditar el relato de los hechos, los más escépticos veríamos corroborada su veracidad en los testimonios que lo ratifican de forma pública y en medios distintos al que origina la noticia. La historia periodística es, desde el punto de vista literario, muy buena; pero cabe señalar que la diferencia entre un trabajo periodístico y otro novelesco radica en la posibilidad de presentar pruebas de lo que se afirma. Y aquí es donde nos encontramos con el primer escollo, pues falta por ser publicado lo único que podría convertir en veraz lo que parece verídico: los recibos, firmados por los dirigentes involucrados, que acrediten la entrega de sobres ilegales y, con ello, la existencia de este mecanismo ilegal de incentivos. No es posible alegar a este respecto la necesidad de preservar el secreto profesional, pues este únicamente afecta a la identidad de las fuentes, no a las pruebas que hacen veraz la información.
Podríamos cerrar aquí la cuestión y tratar de esclarecer los posibles intereses que podrían motivar a un editor periodístico a difundir una información sobre la que no publica las pruebas pertinentes. Conocida la dependencia por parte de la prensa española a respecto de las subvenciones gubernamentales, el móvil económico podría resultar igual de plausible tal como ha sido publicado también. Pero supongamos por un momento que acabe por instanciarse un proceso judicial y analizemos las posibles responsabilidades penales en las que podrían incurrir las personas implicadas en esta supuesta trama. Para ello tendremos que evaluar las posibles penas en función de su específica casuística.

Los beneficiarios de los sobres: indemnes

Caso primero: los honrados. Están, ante todo, aquellas personas que hubieran aceptado los sobres con dinero en efectivo. Coger un sobre con dinero no es algo ilegal per se; basta con declarar el ingreso en Hacienda y justificarlo convenientemente. Cabría por tanto la posibilidad de que algunos dirigentes populares pudieran haber declarado el cobro de estos sobres ante la Agencia Tributaria, en concepto de pago por productividad o algo similar. El supuesto es poco probable, puesto que al declarar un ingreso del que se presupone su ilegalidad se estarían aportando pruebas indiciarias de un delito que el fisco podría detectar. En todo caso, y aún siendo improbable, sería posible, lo que nos lleva al primer caso de exculpación: pues, de haberse dado ese supuesto, quien hubiera declarado el ingreso de los sobres habría quedaría exhonerado de toda responsabilidad, puesto que la declaración de los ingresos supone el cumplimiento de la obligación fiscal y no implica el conocimiento de su origen. Caso primero cerrado; no hay delito. Resultado: nadie va a la cárcel.

Caso segundo: los cargos intermedios. Lo más probable, sin embargo, es que los perceptores no hayan declarado ese dinero a la Hacienda Pública. Suponiendo que el juez disponga de los recibos firmados por el dirigente corrupto, en ese caso habría que observar el montante de las cantidades percibidas. Tal como establece el código penal, la cuantía defraudada debe superar los 120.000 euros para ser considerada delito fiscal. A no ser que el tesorero aporte recibos cobrados por un dirigente por un montante mayor, la cosa quedaría circunscrita al ámbito de la infracción tributaria, que no conlleva inhabilitación ni pena de cárcel. No podría probarse la existencia de un delito fiscal en este caso y el infractor como mucho pagaría una multa. Caso dos cerrado; es una infración, no un delito. Resultado: nadie va a la cárcel.

Caso tercero: los altos cargos. Supongamos que la policía entra a la sede del Partido Popular y logra incautarse de recibos, firmados por sus perceptores, de sobres cobrados y no declarados por algún dirigente y que superasen el fatídico límite de los 120.000 euros. Es complicado, pero es posible y estaríamos, entonces sí, en el caso de un delito fiscal. Pero. Los delitos, tambien los fiscales, están afectados por la figura de la prescripción, es decir, la consolidación de una situación de hecho que causa la extinción de un derecho: en este caso, la extinción del derecho de la Administración Tributaria para exigir las responsabilidades correspondientes. El tiempo que define la prescripción de un delito se establece en función de la pena impuesta que, en el caso de delito fiscal, depende de la cantidad defraudada. De este modo tenemos que los de naturaleza fiscal, prescriben a los cuatro cinco años con la excepción de un supuesto agravado que lo hace a los diez. El supuesto agravado lo analizaré después en detalle; en cuanto al estándar, en él precisamente se encontrarían los delitos presuntamente cometidos por los dirigentes del Partido Popular si damos por bueno el testimonio periodístico del tesorero: un testimonio que, ya sea por azar o por casualidad, los sitúa precisamente en el año 2009. Caso tres cerrado; el delito ha prescrito. Resultado, nadie va a la cárcel.

Caso cuarto: los testigos. Quedarían, finalmente, aquellas personas que, siendo conocedoras, no hubieran participado en la trama. En España, el conocimiento de un delito requiere su denuncia, a riesgo de pasar a ser considerado cómplice de su comisión; estarían en este caso por ejemplo los trabajadores de la sede y muchos de los militantes más veteranos. Sin embargo, el delito no se materializa por la mera denuncia de su comisión, sinó que requiere además la presentación de pruebas que lo atestiguen. Como ya se ha dejado señalado, únicamente los recibos firmados podrían ser prueba suficiente y, al no haber participado en la trama, no habrían tenido acceso a ellos. Sin pruebas no hay delito, y sin delito no hay pena. Por tanto, caso cuarto cerrado: los testigos son inocentes. Resultado: nadie va a la cárcel.

Los organizadores: exculpados

Caso quinto: los intermediarios. Se ha mencionado también la ilegalidad del mecanismo de suministro del dinero negro y, por tanto, la posible inculpación de las personas involucradas en su funcionamiento, al margen ya de los ejecutivos del partido beneficiados mediante los sobres. Lo relevante aquí es entender que, al tratarse de ingresos asociados al funcionamiento del partido, sería tipificado como un caso de financiación irregular del partido. Podría tratarse de donaciones o de cualquier otro tipo origen, tanto legal como ilegal. De nuevo, las infracciones se encuentran sujetas a la figura de la prescripción que, tras la modificación introducida en 2012 por el Partido Popular en la ley, indica que las infracciones por financiación irregular de partidos prescriben a los cuatro años; de nuevo, puesto que los hechos se habrían cometido en el año 2009, también estaríamos ante un caso de prescripción. De hecho, es este el mecanismo que utilizan los partidos para garantizar su impunidad, puesto que la institución encargada de monitorizar su contabilidad, el Tribunal de Cuentas, precisa emplear al menos cinco años para completar sus auditorías: cualquier posible ilegalidad detectada entraría directamente en el supuesto de prescripción en el mismo momento de su denuncia. En cualquier caso, supuesto quinto cerrado: no es delito sinó infracción y, además, ha prescrito. Resultado: nadie va a la cárcel.

Caso sexto: los responsables intelectuales. Se trataría aquí del supuesto de delito fiscal agravado antes mencionado, el que prescribe a los diez años. La tipificación de este delito viene codificada en el artículo 305 bis del Código Penal, y en él se incluyen los delitos que superen los 600.000 euros, que hubieran utilizado medios sofisticados para ocultar la identidad del defraudador -es decir, el uso de paraísos fiscales, testaferros, entramados societarios o similares- o que se hubieran cometido en el seno de una organización criminal. En cuanto a esta última posibilidad, basta referirse al modo en que las grandes multinacionales utilizan esos mismos mecanismos de forma impune para eliminarlo de la casuística; por otra parte, el dinero ubicado paraíso fiscales habría quedado regularizado mediante la amnistía fiscal decretada recientemente por el gobierno. En cuanto al límite dinerario, resulta inverosímil pensar que el tesorero pueda haber dejado al alcance de un juez recibos por un importe superior a esos 600.000 euros, puesto que cualquier cantidad inferior le valdría para imputar a cualquiera librándose al mismo tiempo de la cárcel. En cuanto al supuesto restante, únicamente podría ser de aplicación si el Partido Popular llegara a ser considerado una organización criminal. Dejo a juicio del lector valorar las posibilidades pero, en ausencia de recibos que lo impidan, tambien el caso sexto se cierra con el mismo resultado: no hay causa penal. Resultado: nadie va a la cárcel.

Caso séptimo, y último: los culpables. Finalmente, es posible que, pese a toda la casuística descrita, pudiera haber personas que contra todo pronóstico pudieran acabar en la carcel, como pudiera ser el caso del tesorero que dá cuenta de estos hechos, imputado en otra trama quizá conectada con esta. La privación efectiva de libertad es la única consecuencia seria que los políticos involucrados podrían temer, pues es lo único que el dinero no puede comprar una vez que la sentencia ha sido dictada. Supuestamente, la institución judicial es la máxima autoridad en materia penal y, por tanto, la única a quien pueden temer estas personas. Sin embargo, es posible que una vez finalizado el juicio y haber sido dictada la sentencia, esta pueda perder parcial o completamente su efecto en virtud de esa otra institución que recientemente ha comenzado a ser cuestionada: el indulto. Son bien conocidos los casos de indultos que exoneran el cumplimiento de la pena incluso en casos de torturas -probablemente, el más grave de los delitos que puedan cometerse en el seno de una institución democrática. Nada impediría al gobierno indultar al tesorero, o a cualquier otra persona involucrada, una vez dictada la sentencia. De darse el caso podríamos también cerrar el caso séptimo; el gobierno indulta a los culpables. Resultado: nadie acaba en la cárcel.

Conclusión: es necesaria una movilización general

No seré yo quien defienda aquí la institución carcelaria en su actual configuración ni tampoco quien ponga en cuestión la veracidad de la información publicada. No voy a ocultar, con todo, que en mi opinión el bombazo informativo responde a una estrategia calculada en la que nadie va a la cárcel y todos pierden excepto el editor del periódico y el tesorero si el gobierno cede a la presión concediéndoles, respectivamente, la subvención y el indulto. Digo que todos pierden por que al final quien más pierde con esta historia es el conjunto de la población española que, en medio de la mayor recesión económica de su historia, se encuentra desprovista de una elite gobernante capaz de ejercer la función que tiene encomendada. En este sentido, la conjetura que conceptualiza el escándalo como parte de la estrategia utilizada por la facción liberal del partido para erosionar la prevalencia de la conservadora en la definición de la agenda política de la organización -y, por tanto, del gobierno- podría suponer, de confirmarse, una llamada inapelable a la insurrección: pues evidenciaría, de confirmarse, la urgente necesidad de reemplazar a unas elites que demuestran ser capaces de sacrificar, en aras de su propio interés personal, la misma arquitectura institucional que posibilita su dinámica extractiva. Desguazar el tractor para pagar su combustible solo puede tener sentido para el agricultor que piensa en cerrar la explotación.

Reconozco que me irrita lo que puedo deducir de la información publicada, pero lo cierto es que ni existen pruebas ni tipos penales capaces de convertir esa impactante historia periodística en un proceso judicial efectivo, por lo que no voy a dejar que esa irritación nuble mi raciocinio ante el fenómeno de la corrupción. Difícilmente podrá resolverse ese problema careciendo, como carecemos, de un contexto moral que la condene y de una teoría sólida que explique por qué la corrupción es un problema. A fin de cuentas, cuando la corrupción prospera es cuando los medios proporcionados por las instituciones correspondientes requieren un coste superior al que ofrecen las redes de corrupción para satisfacer un mismo objetivo. Lamentablemente, en los lugares donde las redes clientelares están más extendidas como en Galicia o Valencia, es mucho más eficiente desde el punto de vista económico dedicar recursos a prosperar dentro del Partido Popular que a formarse, hacerse un curriculum y actuar de forma honesta. En ausencia de guillotina, emigrar es siempre una opción a la vista, eso en Galicia lo sabemos bien.

Yo entiendo que no es la corrupción el problema fundamental, como tampoco lo es el Partido Popular, el 'PPSOE' o la 'Esquerrovergéncia'. La corrupción es tan solo una consecuencia de la estructura política y la urdimbre moral de las sociedades españolas, que convierte al Estado en una maquinaria demasiado ineficiente y costosa para satisfacer la función que la Teoría Política le confiere. Pienso que el actual déficit estructural y moral es una consecuencia de las dinámicas que nuestras elites -eso que se ha dado en denominar popularmente como 'casta política' o, en su versión académica, 'elites extractivas'- ponen en marcha para mantener su posición dominante; y que sus orígenes pueden identificarse en el fallido proceso de transición a la democracia. La resolución del problema requiere, al menos, modificar la Ley Electoral para que contemple el uso de listas abiertas y la representación proporcional de las naciones españolas, la modificación de la Ley de Partidos para regular su financiación y su funcionamiento, y establecer los mecanismos de coordinación inter-territorial necesarios para hacer viable la configuración federal que el texto de la actual Constitución articula ya de hecho. No son grandes cambios ni requieren alterar la Constitución, que dá cabida a todo ello. Y, de ser neceario modificarla, nadie debería asustarse: hemos tenido ejemplos recientes de como un volumen suficiente de presión política permite hacerlo sin grandes traumas institucionales. Eso sí, ningún cambio relevante podría venir del actual sistema de partidos, que ha sido definido básicamente para preservar el actual status quo. Entonces, como hacerlo posible?

Cuando las estructuras políticas de un régimen no permiten su necesaria actualización sólo caben dos salidas posibles: la movilización social cívica o, en su defecto, el conflicto de violencia bélica e institucional. El conflicto bélico es bien fácil de instanciar en España como ilustra la historia reciente; cualquiera de los múltiples y profundos cleavages que atraviesan la sociedad española lo atestiguan. La puesta en marcha de una movilización social es en cambio bastante más compleja puesto que no apela tanto a los instintos primarios como a la necesidad de una reflexión colectiva que lleve a determinar las causas de la situación, identificar una alternativa mejor y desvelar el modo de hacerla posible: pura praxeología. Entiendo que el fenómeno -que no movimiento- del #15m contribuyó de forma efectiva en la primera de las tres fases, pero aún no existe un diagnóstico sólido de la situación. Existen algunas propuestas, como la que yo mismo he compartido en el párrafo anterior, para identificar esa alternativa mejor; pero para que puedan cristalizar es necesario que tenga lugar un proceso colectivo de reflexión que por el momento aún no ha eclosionado. En cuanto al tercer paso, es seguro suponer que requerirá agotar el amplio repertorio que la resistencia pacífica y la desobediencia civil ofrecen; pero esa es la parte que menos me preocupa: quienes hemos tenido la oportunidad de participar en la movilización social que tuvo lugar en respuesta a la parálisis institucional en la crisis del Prestige, hemos visto como incluso la sociedades más precarizadas son capaces de encontrar su propio camino cuando llega el momento.

Sólo mediante la participación de la ciudadanía en la dirección del actual proceso de adaptación al nuevo escenario de gobernanza global podremos evitar la ejecución de una nueva transición fallida. La participación en este proceso no solo optimizará las posibilidades de introducir las reformas señaladas en la estructura política del Estado: sobre todo, permitirá revertir la degradación moral que se está haciendo evidente en esta crisis, al tomar conciencia y dominio en la gestión de lo que nos es común. Mi impresión es que ese proceso de cambio está ya en marcha, y que el tema de la corrupción está logrando precipitar lo que empezó a cristalizar con el fenómeno de los indignados. A riesgo de que la violencia bélica o institucional tome la iniciativa, lo que debemos hacer es promover la movilización generalizada, movilizando nuestro entorno afectivo, laboral y político en el sentido indicado -y dejándonos movilizar por él. Ojalá que estas anotaciones puedan contribuir a ello.

2 comentarios:

VSB dijo...

¿Y si nos planteáramos ser John Wayne (soplones leales con la democracia" y/o Lisbet Salander (ciudadanos periodistas de investigación)?

¿Qué políticas y servicios públicos de información necesitaríamos?

Son preguntas al hilo de este texto del tocayo Lapuente:
http://elpais.com/elpais/2013/01/25/opinion/1359108823_654152.html

Las dos metáforas son muy oportunas y formuladas desde la teoría de una esfera pública digital llevan muy lejos: la potencia de cada ciudadano como "soplón" a favor del sistema democrático y como periodista de investigación. Por supuesto, como apunta el artículo, necesitamos una reformulación de los periodistas y políticos profesionales, que no puede venir de otra vía que de políticas públicas de transparencia institucional y de acceso ciudadano a una esfera pública de debate común (el tema de la función de los servicios públicos de radiotelevisión).

Máxime cuando se sopesa este desenlace en la actual crisis:

http://periodismoalternativoblog.wordpress.com/2013/02/01/espana-se-prepara-un-golpe-de-estado-tecnocratico/

VSB dijo...

Os paso un link que analiza desde la economía política crítica y con perspectiva histórica bastante (creo) de lo que está pasando:

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5660Y

Y nos perdáis los links incluidos en el texto anterior, una plausible explicación desde la teoría de la conspiración pero interna al PP:

http://www.caffereggio.es/2013/01/22/rajoy-quiso-cargarse-a-pedro-j-y-a-barcenas-de-marcello-en-republica-de-las-ideas/

http://www.caffereggio.es/2013/01/21/cospedal-contra-rajoy-y-cascos-como-sanson-de-marcello-en-republica-de-las-ideas/

Aunque no suscribáis el republicanismo histórico, el soberanismo catalán y el marxismo analítico del análisis económico; presentan un marco interpretativo bastante lúcido.

Publicar un comentario