23 de abril de 2013

El secuestro de la constitución islandesa

De Vicky, del Máster CCCD y de Qué hacen los diputados.

La Constitución de la República de Islandia data de 1944, año en el que la isla del noroeste europeo se independizó de Dinamarca. El país heredó la Carta Magna danesa, que se reformó hasta cuatro veces, en 1984, 1991, 1995 y 1999.

Cuando la economía islandesa se hundió en 2008 por la bancarrota de sus tres principales bancos, los ciudadanos empezaron a reclamar cambios políticos. En ese momento -y desde 2007- estaba gobernando una coalición formada por el Partido de la Independencia, quien había ostentado el poder durante los 20 años anteriores, y la Alianza Socialdemócrata.

Tras unas duras protestas ciudadanas en enero de 2009, el Gobierno dimitió y convocó elecciones anticipadas. De esos comicios, celebrados en mayo, surgió un nuevo Ejecutivo formado por la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda-Verde.

Según ha explicado el periodista de News of Iceland Einar Árnason, el nuevo Gobierno llegó a un país en ruinas dejadas por el anterior ejecutivo. La economía era un desastre, los grandes bancos islandeses estaban corruptos e incluso el propio Estado estaba perjudicado, describe.

Propuesta para reformar la Constitución

La idea de reformar la constitución en un proceso protagonizado por el propio pueblo islandés surgió de la primera ministra de la Alianza Socialdemócrata, Johánna Sigurdardóttir. En 2010, un año después de su elección, empezaron los trámites para crear un Consejo Constitucional.

Se convocó una Asamblea Nacional con 950 personas seleccionadas aleatoriamente del registro nacional, de la que surgieron 522 candidatos, y surgieron 522 candidatos. Tras celebrar unas elecciones al Consejo Constitucional, se eligieron 25 delegados de diferentes edades, profesiones, educación y experiencia de vida.

Según apunta la investigación de la estudiante de Periodismo Internacional de la Universidad de Cardiff, Giulia Dessi, la población con derecho a voto que participó en estas elecciones (el 35%), era más partidaria  de los partidos progresistas y “eligieron a aquellos ciudadanos que tenían puntos de vista políticos o ideológicos parecidos”, es decir, de tendencia más a la izquierda, según apunta Dessi.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Islandia invalidó el proceso por supuestos defectos de forma que denunciaron diversos ciudadanos. La Cámara baja creó un  Consejo Constitucional a instancias de una resolución parlamentaria con el apoyo de la mayoría parlamentaria socialdemócrata y los 25 delegados surgidos de las elecciones previas pudieron entonces iniciar el proceso.

Así se elaboró la Constitución

A lo largo de cuatro meses, los 25 candidatos se reunieron tres veces por semana para discutir los temas a revisar y/o enmendar de la constitución e ir volcando recomendaciones en un borrador.
El Consejo Constitucional de Islandia debatiendo el texto. Foto: stjornlagarad.is 
 
Durante todo el proceso la ciudadanía pudo opinar sobre el proceso en la web, y en las redes sociales. Se recopilaron 3.600 comentarios y 370 sugerencias. También hubo encuentros públicos, debates en los medios de comunicación y participantes externos al Consejo ayudaron a elaborar artículos que se fueron incorporando.

Según explicó a Democracyoneday el jefe de la Oficina Tecnológica del Consejo Constitucional, Finnur Magnusson, “al menos 4 de 100 artículos en el borrador constitucional estuvieron influidos por las conversaciones online, como en datos abiertos e infancia” y unos 12 o 13 miembros del Consejo fueron muy activos en los hilos de discusión online.

Las propuestas de la Carta Magna ciudadana

El texto de la constitución ciudadana propone mejorar la división de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-; que un 10% del electorado pueda solicitar un referéndum y que un 2% pueda presentar una iniciativa legislativa al Parlamento; el derecho a vivir con dignidad; protección a la infancia; mayor transparencia e información por parte del Gobierno, que todo el mundo sea libre de reunir y distribuir la información y mayor libertad de prensa.

El Consejo propuso que los recursos naturales del país no puedan estar bajo propiedad privada, sino que pertenezcan a la ciudadanía islandesa.

Asimismo, propusieron la revisión del sistema electoral: que los votos valgan lo mismo en todo el país, que haya listas abiertas y limitar el gobierno del presidente a tres legislaturas y del primer ministro -que tendría que ser elegido por el Parlamento- a ocho años.

En julio de 2011 el Consejo aprobó por unanimidad el documento resultante: un borrador de Constitución de 114 artículos divididos en 9 capítulos. El texto estuvo en el cajón del Gobierno durante más de un año hasta que se votó en referéndum en octubre de 2012. Fue aprobado por un 66% de la población votante.

Oposición a la nueva constitución

El Partido de la Independencia, el mayoritario de la oposición, siempre estuvo en contra de este nuevo texto. Lo explica el diputado Birgir Armannsson: “Estábamos en contra de este proceso tal y como lo puso en marcha el gobierno. Bajo mi punto de vista no había necesidad de reescribir la Constitución de arriba a abajo como ha hecho el Consejo Constitucional”.

Aunque afirman que se podrían “reconsiderar algunos de los artículos”, están en contra, principalmente, de los artículos relativos a los derechos humanos, la separación de poderes, los recursos naturales y los referéndums.

Movimiento del Gobierno a última hora

Entre octubre y finales de 2012 el Gobierno dio un último paso respecto al borrador del texto constitucional, con la premisa de la primera ministra, Johánna Sigurdardóttir, de intentar aprobar la nueva constitución antes de las elecciones del 27 de abril de 2013, según ha indicado el periodista Einar.

El Ejecutivo pidió la opinión de la Comisión de Venecia -o Comisión Europea para la Democracia a través de la ley-, quien hizo una visita oficial a Reikiavik en la que entrevistó a las distintas partes. Examinó la documentación en inglés y publicó un borrador de su análisis técnico-legal de la Constitución islandesa, que apunta defectos de forma y choques de algunos artículos con otras leyes.
El periodo parlamentario legislativo ya ha finalizado y el texto constitucional no se ha sometido a votación parlamentaria, aunque en las dos últimas semanas de legislatura los diputados de los partidos del Gobierno estuvieron trabajando durante jornadas maratonianas para adaptar el borrador a las recomendaciones recibidas.

La diputada de la Alianza Socialdemócrata implicada en la nueva Carta Magna,Valgerdur Bjarnadóttir, señaló que “si el Parlamento tiene voluntad, está a tiempo”, ya que, a su juicio, solo había que hacer “pequeños cambios en esencia”.

Un año y medio de retraso de la nueva Constitución

El economista Thorvaldur Gylfason, uno de los miembros más destacados del Consejo Constitucional ciudadano, reprocha al Parlamento el retraso de 20 meses en preparar el texto elaborado por los 25 miembros para que fuera votado en la cámara.

“A algunos diputados no les gustan ciertos aspectos de la nueva Constitución, como el artículo sobre recursos naturales, pero si no se aprueba será un ataque frontal a la democracia islandesa”, sentencia y añade que el Parlamento “ha tenido tiempo para acabar la revisión del texto” que fue aprobado por unanimidad de los miembros del Consejo y por la población islandesa en referéndum.

Para Thorvaldur algunos artículos irrenunciables del nuevo texto son el cambio del régimen electoral y el artículo sobre la propiedad de los recursos naturales. Por un lado, reclaman que los votos valgan lo mismo en toda la isla y no haya unos distritos que tengan más peso electoral que otros. Por otro lado, incluían que los recursos naturales sean propiedad de la nación.

Después de conocer de forma definitiva que el texto no se iba a aprobar Thorvaldur, quien se presenta a las elecciones como cabeza del partido Alerta democrática, publicó un artículo en el que argumenta cómo el Parlamento ha dificultado a lo largo de todo el proceso el avance del borrador constitucional y en el que califica de “cruel traición”el no haber aprobado el texto después de haber mostrado tanto apoyo en público.

En el último momento, el Parlamento sorprendió con una nueva medida: requerir dos tercios de la cámara además de un 40% del voto popular para aprobar “cualquier cambio en la constitución” en el siguiente periodo legislativo (sería necesario que un 80% de personas con derecho a voto acudieran a una votación para que se aceptara un futuro cambio constitucional).

Ante esta actual situación, Thorvaldur anunció que la ciudadanía “volverá a la plaza como han pretendido los enemigos de la nueva Constitución” y ha afirmado que tienen pocas esperanzas de que el nuevo Parlamento lleve adelante el proyecto constitucional.

El matemático y miembro del Consejo, Pawel Bartoszek, quien declara tener una tendencia conservadora y haber diferido en opiniones del resto de miembros, coincide con Thorvaldur en que cuatro meses no fueron suficientes para redactar el texto. Sin embargo, afirma ser escéptico con este proceso que implicó a ciudadanos/as de diversa procedencia y experiencia.

“Estábamos designados por el Parlamento y muchos de nosotros teníamos un pasado político. Soy objetivo respecto a este cuento de hadas”, revela Bartoszek y lamenta que “muchos” en el Consejo no tuvieran “experiencia con la política” y que quisieran reescribir la Constitución de arriba a abajo”.
Así, considera que sí se tendrían que revisar algunos artículos del borrador “especialmente al rol del presidente” y escuchar a los expertos europeos. “Nunca fui  un gran defensor de que la gente redactara la Constitución”, señala, rotundo.

Tampoco está de acuerdo con haber sometido el texto a referéndum en octubre de 2012: “Creo que fue una mala idea, las propuestas no estaban listas. La pregunta tendría que haber sido: ‘¿Quieres que estas propuestas se usen para redactar una nueva Constitución?”. Además, critica que la Cámara no haya hecho “nada” durante año y medio y haya querido adaptar el texto en las dos últimas semanas de legislatura. “Se tendrá que hacer después”, determina Bartoszek.

Por su parte, el miembro del Partido Pirata de Islandia, Smári McCarthy, quien colaboró en la redacción de los artículos sobre acceso a la información, se muestra crítico con el Parlamento: “Han tardado más de un año en trabajar la propuesta, con lo que muestra lo incompetentes que son (…). Espero que la nueva Constitución se conserve como está”, sentencia.

Sobre las críticas a los retrasos, Valgerdur se muestra en desacuerdo y argumenta. “Ha sido imposible hacerlo a otra velocidad. Creo en el proceso y el Gobierno lo ha apoyado seriamente. Si la izquierda gana las elecciones, el trabajo continuará en la próxima legislatura, pero si el Partido de la Independencia gana, probablemente abandonará el proyecto”.

El futuro de la Constitución islandesa

Según el último sondeo de Market and Media Research (empresa islandesa de investigación de mercado), los partidos conservadores Partido de la Independencia y el Partido Progresista tendrían el 27,2% y el 25,9% del apoyo electoral, mientras que los partidos que actualmente gobiernan, la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda Verde solo alcanzarían el 12,4% y el 9,6%, respectivamente -es necesario llegar al 5% para obtener escaño-.

El Partido de la Independencia, en contra de la reforma de la Constitución desde un primer momento, no tiene intención de continuar adelante con el proceso, como adelantó Birgir.

Únicamente afirmó estar dispuesto a considerar cambios “ solo donde sea necesario y donde haya una posibilidad de llegar a amplios consensos”. Son cuatro puntos en concreto: referéndums, propiedad de recursos naturales, transferencia de poderes a organizaciones internacionales y el capítulo sobre el presidente.

Respecto a la posibilidad que recoge la nueva Constitución de que un 10% del electorado pueda solicitar un referéndum, Birgir propone aumentar ese porcentaje a un 15 o un 20%.

De la figura del presidente considera que el actual mandatario, Ólafur Ragnar Grímsson, “ha estado expandiendo su poder”. Afirma que los presidentes islandeses tradicionalmente han tenido funciones ceremoniales, pero Ólafur Ragnar, después de convocar varios referéndums -función que puede desempeñar-, “es un presidente más político que cualquiera de sus predecesores”, a juicio de Birgir y sugiere dejar “muy claro” su papel en una posible reforma de la Constitución.

Ólafur Ragnar, presidente de forma ininterrumpida desde 1996, convocó dos referédums en marzo de 2010 y en abril de 2011 en los que los votantes decidieron no pagar la deuda contraída por los bancos islandeses -3.900 millones de euros por la bancarrota de la filial de uno de ellos, Icesave-, a los gobiernos de Reino Unido y Países Bajos.

Una oportunidad perdida de integrar a la ciudadanía en el proceso legislativo

La reforma de la Constitución islandesa surgió de la voluntad de la esfera pública central -la coalición verde-socialdemócrata en el Gobierno- después de las exigencias de cambio en manifestaciones diversas por parte de la ciudadanía.

Desde un principio fue un proceso guiado por el Gobierno en el que se incluyó la participación directa de la población: libre presentación de candidaturas para formar parte de la Comisión Constitucional, elecciones para la Comisión, el propio trabajo de los 25 miembros elegidos y para acabar, un referéndum vinculante.

A pesar de la apertura a la participación del proceso, el borrador que surgió de las aportaciones y la voluntad popular ha permanecido paralizado hasta el punto de no tramitarse en el Parlamento por razones desconocidas. Posiblemente se dé un cambio de gobierno en Islandia en el que surgirá una mayoría conservadora que se opone a la reforma de la Carta Magna.

El proceso mismo podría considerarse un éxito: 25 personas y colaboradores externos de diferentes procedencias sociales y profesionales que redactan la base de la democracia que quieren y que se aprueba en una consulta pública.

La voluntad popular está aceptada y considerada necesaria por los partidarios del proceso. Sin embargo, para sus detractores ha resultado una reforma excesiva y repleta de defectos de forma.
Sin la intervención gubernamental el proceso de reforma constitucional no hubiera llegado tan lejos. Pero precisamente, ha sido ese mismo actor el responsable de que no prospere la Constitución ciudadana islandesa que, por cierto, no llegó a votarse en el periodo legislativo recientemente finalizado.

1 comentarios:

Anónimo dijo...

Estupendo....pero al final los que causaron el caos vuelven al poder ...
Algo se escapa a los periodistas y a los analistas sobre el caso islandes.

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