11 de diciembre de 2013

La ley contra la calle


Hasta que este artículo sea ilegal, hablaremos alto y claro: la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana –popularmente conocida ya como ‘ley mordaza’- es una ley de autodefensa de un estado y de un sistema a la deriva. Tras el escándalo que ha provocado, ha sido rebajada la cuantía de algunas de sus sanciones económicas, aunque con este Gobierno ya estamos acostumbrados a la táctica del lanzamiento de globos sonda para acabar imponiendo finalmente el núcleo duro de políticas y leyes antisociales.


Se ha hablado de una ‘ley anti15M’ y es cierto que castiga prácticas más o menos novedosas de este movimiento, pero es una ley básicamente contra toda la ciudadanía y contra la democracia, entendida como participación cívica y cotidiana y no como mero formalismo electoral. Una ley contra el ágora política constituyente que representan ahora calles y plazas, cuando en los parlamentos se hace difícil, si no imposible, hacer política para y con los ciudadanos. Así, la creación de este nuevo dispositivo represivo se ha convertido en una pieza imprescindible en una estrategia preventiva de contención. La venda antes que la herida, en previsión de una crisis económica y política de larga duración, para afrontar los largos años de desgobierno que nos esperan…

Después de los recortes económicos vienen los recortes de las libertades que son, de nuevo, castigos económicos. De 30.000 a 600.000 euros por infracciones muy graves como alterar un acto público, manifestarse frente a una ‘infraestructura crítica’ o celebrar un espectáculo público no autorizado. De 1.000 a 30.000 por infracciones graves como convocar una concentración por internet, manifestarse ante un parlamento aunque esté vacío, paralizar un desahucio, colgar una pancarta en un ministerio u ‘ofender’ a una bandera. De 100 a 1.000 por infracciones leves como plantar una tienda en una plaza o colgar un video de la policía dando estopa. Infracciones administrativas que no por sustituir a sanciones penales dejan de ser una perversa muestra normativa de la proliferación del microfascismos que viene.

Bajo la lógica de la crisis, el objetivo ya no son tanto los cuerpos rebeldes como los bolsillos desfondados. Los aparatos del estado han redescubierto la deuda como mecanismo de alienación y han convertido a la multa en la nueva porra económica contra todo lo que se mueva. El despliegue de la burorrepresión para generar un clima de miedo y progresivamente la naturalización de una democracia con sordina, al gusto de la mayoría silenciosa. En definitiva, la instauración de una democracia autoritaria, propia de un estado fallido y roído por la corrupción, como ya se estila en algunos países del este de Europa.

Con la polémica desorbitada de los escraches y las detenciones del 25S o, más cerca, con el ensañamiento contra los tartalaris y la operación contra Ateak Ireki, ya le hemos visto las orejas al lobo. Pero ahora llega otro lobo, más peligroso si cabe, bajo la piel del recaudador y con la ley en la mano. Pero esta es solo la primera fase, luego vendrá la segunda, con una ley de huelga restrictiva y, más tarde, quién sabe qué nos tienen reservado…quizá asfixiar con ordenanzas el puro ejercicio de la libertad de expresión o las listas negras de revoltosos habituales gracias a delirantes ‘informes fantasma’. Y nos preguntamos: ¿Por qué no son tan contundentes legislando las malas prácticas políticas, el despilfarro, la corrupción o el fraude fiscal? Pero ya sabemos la respuesta.

Si desde la noviolencia activa y la desobediencia civil, desafiando pacíficamente esta ley en la calle y en las redes, en los medios, en los tribunales y en los parlamentos, no nos enfrentamos de manera activa y constante, acabaremos aceptando lo inaceptable: la clausura definitiva de la democracia y de la expectativa de su regeneración radical.

Necesitamos generar laboratorios activistas que nos ayuden no solo a sortear esta ley antidemocrática sino también a crear nuevas formas de movilización. Y para ello resulta imprescindible la confluencia de partidos, sindicatos, colectivos y de toda la ciudadanía, capaz de resistir y proyectar con entusiasmo y energía un nuevo ciclo de protestas y propuestas.

En los próximos días y semanas se han convocado los primeros actos contra esta ley de inseguridad ciudadana, esta ley contra la calle; en la mano de cada uno de nosotros y nosotras está responder asumiendo el reto que plantea.

Y cuando este artículo sea ilegal, esperamos ser multitud para delinquir alto y claro en la calle y en la plaza, con rabia y la imaginación que se merecen. Será nuestro derecho y también nuestra obligación.

Arturo Cisneros
Amaia Uriz
Clara Flamarique
Amaia Esparza
Chema Berro
Javier Echeverria
Iñaki Arzoz

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