14 de diciembre de 2015

Los agujeros negros del periodismo español (II): Sin protocolo profesional y responsabilizando a los más débiles

Víctor Sampedro 
Catedrático de Comunicación Política

Desde las elecciones de 2011, los medios no han logrado forzar una sola dimisión en las cúpulas de los partidos más asentados. Han dimitido algunos cargos técnicos, de rango medio o ámbitos locales. Pero cabría preguntar si fue la presión popular o la mediática quién tomó la iniciativa (por ejemplo, en las Black Cards)
o ejerció más presión. Éste parece ser el caso de las dos únicas dimisiones de ministros: la del titular de Justicia, A. Ruiz Gallardón (blanco del feminismo post15M, por su ley del aborto) o la de Sanidad, Mato (por su inacción ante el Ébola y su implicación en la Gürtel). En cualquier caso, no eran piezas clave del Gobierno.
Podría argumentarse que en las redacciones no se dictan las leyes ni las sentencias de corrupción. A la falta de medios independientes y su posición contemplativa ante el espectáculo político, expuestas en la anterior entrega, se suman los parlamentos sin comisiones de anticorrupción y los partidos sin órganos de garantías y disciplina internas. Amén de los magistrados y letrados elegidos a dedo, según el número de escaños. Pero el contexto de politización institucional a mediados de los 90 era semejante. La ausencia de mayoría absoluta del PSOE explicaría la mortandad política entre sus filas, en comparación con la salud de hierro de un PP que, asolado por casos de igual o mayor calado, se postula como la fuerza más votada. Este sesgo conservador de la Prensa se reproduce ahora en el desigual tratamiento que reciben Podemos y Ciudadanos. Los informadores no comparten un protocolo profesional. Pero apelan a él y lo aplican con rigor contra las fuerzas política más transformadoras o disruptivas.
Forzar una dimisión es la máxima rendición de cuentas a la que puede aspirar un periodista. Y los escándalos, el género más eficaz y popular de lograrlo. Pero cuando se generaliza acaba banalizándose y generando un clima de impunidad. Algo que, en buena lógica, rentabiliza quien más tiene que ocultar; pero que los periodistas parece que obvian u olvidan. La imagen de prepotencia de los líderes de Podemos empezó a fabricarse (aparte de por algunos innegables y garrafales méritos propios) cuando se les recriminaba que rechazaban comparecer en programas a los que, sin embargo, nunca acudían líderes del Gobierno o del PSOE. Recuerdo a un alumno de un Máster de Comunicación Política, precario de un medio digital minoritario, tachar a Monedero de prepotente por no concederle una entrevista en pleno estallido de su caso. Invertía la recomendación del gran E. Meneses a los jóvenes periodistas : “sed blandos con el débil y duros con los poderosos”. En paz esté. Meneses, no el alumno, claro.
Las dimisiones se han producido entre las fuerzas políticas emergentes. J.C. Monedero y G. Zapata serán recordados como las únicas piezas de la casta abatidas por el periodismo español de inicios del s. XXI. El primero no ocupaba cargo ni manejaba dineros públicos. Tampoco cometió delito fiscal alguno; como mucho una falta, que subsanó pagando. Zapata resultó electo, pero no llegó a tomar posesión por una fanfarronada en Twitter, sobrepasada cada día por los bocazas de otras formaciones. Pidió perdón y disculpas, que fueron interpretadas por muchos como falta de coraza y profesionalidad. Como ya he expuesto, la falta de consistencia de los líderes de la “nueva política” y de sus propuestas, apenas disimuladas con prepotencia o autosuficiencia, ofrecen flancos muy vulnerables. Pero no son patrimonio exclusivo de ellos.
No encontraremos encándalos ni juicios sumarísimos tan sonados entre los candidatos de Ciudadanos. A lo que se replicará que a muchos les han descubierto trapos sucios. Considérese, sin embargo, que hablamos de una formación cuya vida abarca casi una década de convivencia (y, por tanto, de forzosa connivencia) institucional. Pregúntenle a la gente por los corruptos de las formaciones de A. Rivera, P. Iglesias y M.Carmena. Registren los abrumadores “no sé / no se me ocurre” de la formación naranja. Y la omnimpresencia de Monedero o, incluso, de Carmena por sus veraneos de lujo y atentados ecológicos. Lógico: la opinión pública es igual a la opinión publicada y esta, en algunas ocasiones, a la votada. Extendiendo la mancha de corrupción a todos, se la normaliza e inhabilita como argumento electoral. Dosificada adecuadamente a los neófitos de “la casta”, sirve para señalar al escudero o comparsa predilecto.
La estrategia editorial-partidista que subyace es obvia. El PP y el PSOE constataron hace tiempo la imposibilidad de alcanzar la mitad de los escaños del Congreso. Ni por separado, primero; ni siquiera juntos, después. La desigual cobertura de Podemos y Ciudadanos se explica por cuestiones de afinidad ideológica y futuros cambalaches gubernamentales. Podemos, apoyado ahora por las formaciones municipalistas, no disputará a Ciudadanos la posibilidad de forzar o encabezar el cambio. Así lo vienen afirmando durante todo este año los editoriales, que determinan el tono de las noticias. Y se repite machaconamente desde las encuestas y las tribunas de opinión.
Estamos ofreciendo un ejemplo de desigualdad acumulativa de manual. Una prensa que da más y mejor visibilidad a quien ya cuenta con más apoyo corporativo y financiero. Quien también controla los contrapesos parlamentarios y jurídicos, convirtiéndolos en martillo de la oposición. Le sería imposible hacerlo si hubiese un protocolo profesional, asumido como línea de flotación del periodismo veraz. No el de la verdad. Sino el que duda de sus verdades y recoge la que se asienta en la realidad y en debates públicos que abordan los intereses de la mayoría o minorías más significativas. Como señalaba M. Caparrós en este blog, ese periodismo proclama “No soy neutral; nunca lo fui, no quiero serlo. Tengo ideas, solo que trato de desconfiar de ellas: de ponerlas a prueba”.
Las redacciones de algunos medios conservadores nunca necesitaron protocolo profesional. Su verdad precede a los hechos. El editorial-homilía no requiere datos ni testimonios contrastados, tampoco argumentarlos con lógica. La teoría de la conspiración del 11M, reavivada con los atentados de París, es un ejemplo ignominioso denunciado en este blog. Quienes pretendían descubrir los “agujeros negros” de la masacre nos hundieron en la pre-Ilustración. Sus valedores inventaron, forzaron y tergiversaron pruebas y testimonios. Nunca sostuvieron una única tesis razonada y lógica. Cuestionaron las pruebas oficialeslas sentencias en firme sin aportar nuevas evidencias. Rasgos propios de una Prensa anterior al siglo de la Razón y contraria al Estado de Derecho. Constituyen motivos de vergüenza para una profesión que aún no ha expulsado de su gremio a sus portavoces o que, como en el caso de P.J. Ramírez, se postulan como abanderados del nuevo periodismo.
Pero no adelantemos la última entrega de esta serie. Importa ahora reparar en que los periodistas están representado por el último sindicato vertical del franquismo: las Asociaciones de la Prensa. Afirman defender con igual intensidad tanto a los becarios y redactores precarios como a los directores o propietarios que les precarizan. Las AP (con idénticas siglas que Alianza Popular, precedente del PP) apenas disimulan sus orígenes, ligados (también) a la franquista Prensa del Movimiento. Baste recordar que la Asociación de la Prensa de Madrid exigió al Ayuntamiento de la capital que retirase la web donde expone las mentiras periodísticas que sobre él se vierten, probando su falsedad factual y documental. A pesar de que madridvo resulta tan inocua que no ofrece vías para protestar o quejarse, la APM asegura que puede “crear un clima de animadversión hacia los medios y los periodistas” y remite a los juzgados las posibles quejas (aunque disuadiendo de iniciar procesos legales, pues advierte de su saturación). Adviértase que es la misma respuesta que dan los políticos corruptos: “usted pone en riesgo la institución y a los tribunales le remito”. Lo mejor es el arranque del comunicado de la APM: no reconoce como “garantía de verdad o veracidad” el contraste de las noticias con las actas de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Madrid.
Arrogarse el monopolio de la verdad y de la crítica, renunciando a unos estándares de calidad y protocolos profesionales mínimos, es propio de un periodismo que se quiere libre e irresponsable. Libre para lucrarse, incluso mintiendo. Responsable solo ante los bancos y fondos de inversión, sus dueños y anunciantes.
Más allá de la economía política de las empresas, también pesa la cultura política de los profesionales. Incluso los medios minoritarios más proclives al 15M o que se reclaman sus portavoces practicaron el periodismo “de investigación” al servicio de las fuentes con mayor poder: los dossieres oficiales se filtran y publican en el momento adecuado, para combatir al enemigo político. El caso Monedero coincidió en el tiempo con el de H. Falciani. La filtración del hacker identificaba a cientos de titulares de cuentas opacas en el extranjero, que también eran candidatos a las elecciones municipales y autonómicas. Semejante información pasó casi inadvertida, ante el interés suscitado por “los dineros de Chaves” con los que Monedero montó “el imperio mediático” de La Tuerka. Luego vendrían los escándalos de la familia Pujol y de Convergencia i Unió, en la batalla mediática lanzada desde el Ministerio de Hacienda para frenar la deriva independista de Cataluña.
Cuando C. Montoro anunció una inspección fiscal contra P. Iglesias solo un columnista clamó: “Sus derechos son los míos.” “¿Esto qué es? ¿Venezuela?” “¿Hacienda qué es? ¿la Inquisición fiscal?” Y, de paso, proponía al ministro: “Haga la inspección de todos los que han seguido a los Pujol… venticinco años protegiéndoles”. El ínclito Jiménez Losantos, abanderado impenitente de la conspiración del 11M, sentaba cátedra sobre deontología periodística. Mientras criticaba el uso gubernamental de las fuentes oficiales, señalaba el próximo objetivo a abatir. Quien establecía los límites deontológicos y del Estado de Derecho, jaleaba saltárselos. En fin, lo propio de una profesión sin otra limitación que la autoimpuesta. O peor aún: la fijada con sus conmilitones políticos, según la campaña y el enemigo del momento. Y que, para más INRI, no encuentra contrapeso en el otro lado del espectro ideológico.
A la fragilidad de la economía-política de las empresas de comunicación se añade la cultura política que impera en la profesión, no muy diferente de la (in)cultura política general: antidemocrática e inconsistente. Incluso, inexistente. A la nomenclatura de Podemos se le ha reprochado el intrusismo y el personalismo que implicaba actuar desde medios propios y hacerse ominipresentes en los ajenos. Sin reparar en que es un prerequisito de acceso al campo de juego electoral (que te reconozcan en las papeletas) y, antes de nada, el derecho inalienable de cualquier ciudadano, sin necesidad de ser asalariado de un medio o graduado en Comunicación.
La “nomenclatura podemita” ha sido también criticada “por ir de puros e íntegros”. Escenificándose mediáticamente el aquellarre que hacíamos con el bocazas del cole que había puesto en evidencia nuestra cobardía. Se ha transmitido hasta la saciedad el mensaje tantas veces dictado en casa y en las aulas: “No te signifiques”. Aplicándoselo a quien había retado a Montoro (“No te tengo miedo”) y anunciado que el “el miedo va a cambiar de bando”. Pero la Prensa funcionó al servicio de una sociedad censora y asumió dirigirse a una ciudadanía de bajo perfil. Aplicando, además, el correctivo adecuado al disidente: tragarse su propia medicina, con doble dosis. Un proceder, en suma, propio de un régimen represor y de una democracia de baja intensidad.
Las maltrechas culturas de izquierda y militancia social (incluida, por supuesto, las que se disputan Podemos) apenas han servido para articular políticamente el consenso del 15M. Los medios que se reclaman quincemayistas erigieron portavoces oficiales de los indignados a quienes elaboraron la interpretación más subjetiva, personal y despolitizada. Su purismo intelectual, escrupuloso de mancharse con el compromiso político, invita a inhibirse y a delegar en los expertos. Siendo, no por casualidad, una postura idéntica a la de la intelligentsiaprogre de la Transición. E igual de inocua para las fuerzas políticas más pragmáticas y acomodaticias.
Por último, el retrato mediático de la izquierda más allá del PSOE lo componen facciones encontradas e incapaces de confluir. Las voces más extremistas y ortodoxas han encontrado espacio para expresarse a pleno pulmón. El cainismo endogámico y los discursos de autoconsumo señalan la comodidad de dirigirse a las facciones y sectas de acólitos ya conocidos. Expresan, en fin, la renuncia o la incapacidad del periodismo que se proclama progresista para hablar con y por la mayoría social transformadora. Lo cual abre campo para que otros lo hagan desde la fusión entre lo más rancio y lo más nuevo de la derecha. ¿Será el Aznarato II de la próxima entrega?

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